El Ministerio ubicará la nueva Vuelta Ostrera a 300 metros de la actual depuradora

El Gobierno central no tiene dudas sobre la idoneidad de esta opción. En cualquier caso, vistos los antecedentes, resulta aventurado descartar que no vuelva a haber un giro brusco en los acontecimientos. Hasta en cuatro ocasiones el Ministerio –el de Medio Ambiente antes de su cambio de denominación– ha anunciado que tenía una ubicación definitiva que finalmente ha sido descartada. Incluso el propio equipo de Ribera ha tenido que rectificarse. Lo hizo a finales del pasado febrero a través del consejero Guillermo Blanco, al que notificó que la opción de levantar Vuelta Ostrera II en la isla de Solvay no era viable. Que no era viable la opción que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, había confirmado en el Congreso de los Diputados.

Así que «definitiva», sí, pero con las salvedades que hay que aplicar a esta palabra cuando se habla de uno de los mayores y más inverosímiles conflictos medioambientales que recuerda la región.

Lo más curioso de todo –para añadir dosis de esperpento– es que esta opción de Cortiguera es la misma que se puso sobre la mesa en un primer momento. En marzo de 2015, el Ministerio elaboró un estudio de alternativas y el informe señalaba que esta era la que tenía una mejor puntuación desde el punto de vista ambiental y también en base a otros criterios. Por ejemplo, el coste.

La conclusión de los técnicos era demoledora. De las seis posibles ubicaciones a lo largo de distintos puntos de Suances, Barreda, Miengo y Requejada, los autores otorgaron la mayor puntuación a una ladera situada a solo 300 metros de la actual central. Aunque no se llevó a cabo en aquella ocasión, entonces ya se daba por hecho que se demolería de forma inminente una depuradora que costó 24 millones de euros –financiados en un 85% por el Estado y en un 15% por el Ejecutivo regional– para volver a construirla prácticamente al lado por 87 millones, según los cálculos que hacían los técnicos y que varían mucho –desde los 53 hasta los 111 millones– en función de su ubicación y sus características.

Ese era el presupuesto de entonces. Ahora, es posible que la actualización de aquel proyecto incluya cambios tanto en el precio como en la parte técnica. El Gobierno central por el momento no habla de eso. El Ministerio para la Transición Ecológica sólo confirma que esa es la opción escogida y no ninguna de las tres que vinieron después.

¿Cuáles eran y por qué finalmente no llegaron a buen fin? A modo de resumen, la siguiente en la lista fue la zona industrial del Puerto de Requejada, al otro lado de la ría de San Martín. Era la que prefería la asociación ecologista ARCA, la que inició el litigio en los juzgados, y también el Gobierno de Cantabria. Decayó porque, después de lanzar la propuesta, el Ministerio se dio cuenta de que los terrenos eran inundables.

La tercera era una que no aparecía en esa lista de seis alternativas, sino que se sumó después, la de El Borroñal, en una parcela al oeste de Hinojedo. La apuesta de la exministra popular Isabel García Tejerina levantó la oposición total de la Consejería –entonces en manos de Eva Díaz Tezanos– y de Suances, el municipio llamado a acogerla. Y la cuarta, recién desechada, en la isla de Monti o de Solvay. Costaba 111 millones de euros y ya no sirve porque ahora el Ministerio ha hecho suyos los argumentos de Polanco y de la empresa química:requiere retirar 300.000 metros cuadrados de tierras potencialmente contaminantes y esto provocaría que la edificación se hiciera sobre unos terrenos endebles, lo que puede dañar los diques de contención que existen y provocar «un grave problema» ambiental. Otras alternativas estudiadas (varias aparecen en blanco en la infografía que acompaña esta información) nunca se han valorado seriamente. Por lo menos de momento...

La opción elegida no gusta en Suances y en 2016 la rechazó la Consejería de Medio Ambiente –entonces en poder del PSOE, no del PRC– por su «gran impacto paisajístico». Frente a eso, Madrid hablaba de «un impacto moderado», únicamente porque habría que realizar un «desmonte significativo»de la ladera. Cortiguera es también la opción en la que viene insistiendo la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, que en todas sus intervenciones recuerda que esta fue la 'ganadora' en aquel primer informe de impacto ambiental. Un documento que posteriormente se ha modificado a través de alegaciones y adendas.

El objetivo de Vuelta Ostrera, la de ahora y la que venga, es recoger las aguas residuales de hasta 23 municipios, depurarlas y después devolverlas limpias. Según el proyecto elegido, la entrada a la nueva planta se hará mediante una prolongación del canal de la instalación actual hasta completar esos 300 metros adicionales. Y se expulsará a través de un emisario submarino –llegará hasta la costa bajo tierra– frente a la playa de Los Locos, en Suances.

La vida útil de la planta en pie acabaría en 2032, un horizonte lejano pero que no es descartable que se alcance con la planta en funcionamiento dados los precedentes. La cosa va lenta. Esta última decisión del Ministerio aún no se ha comunicado a las partes –Gobierno regional y ayuntamientos– y tiene que someterse a tramitación ambiental. También se está alargando el proyecto de demolición de la infraestructura a sustituir, todavía en fase de redacción. Todo es posible con Vuelta Ostrera.

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