Polanco precinta el entorno de 130 pisos por la aparición de grietas y la caída de cascotes

El Ayuntamiento de Polanco ha precintado el acceso a la estación de tren de Requejada ante la caída de cascotes y la aparición de una enorme grieta en la fachada de uno de los edificios de la urbanización Los Olivos, integrada por 130 viviendas. Los problemas en la estructura del inmueble, construido en 2009, se unen a las deficiencias técnicas que se vienen produciendo desde hace tiempo. Los vecinos aseguran estar desesperados ante una situación complicada de gestionar, ya que la morosidad de algunos residentes en el pago a las cuotas de la comunidad dificulta afrontar el coste de las reparaciones. Por si esto fuera poco, según explican los afectados, 65 viviendas, así como varios trasteros y garajes acabaron en manos de la promotora, Precasa, que luego quebró y cuya situación actual se desconoce.

Así las cosas, la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, se ha comprometido a investigar el caso con la ayuda de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y comprobar si las viviendas han sido adjudicadas a alguna entidad bancaria o a la Sareb. El objetivo de la regidora sería localizar a los propietarios actuales de estas viviendas para poder reclamarles las cuotas impagadas a la comunidad, que ascienden a varios miles de euros.

Mientras tanto, los vecinos conviven a diario con problemas de humedades, como goteras e incluso agujeros en las paredes, y sufren la falta de limpieza de los espacios comunes. También hay días en los que el ascensor no funciona y las luces no se encienden. «Cuando compras el piso, pasas como de estar en una especie de sueño a permanecer todo el día enfadado», comenta Enrique, cuya propiedad está «llena de grietas», como consecuencia de las filtraciones. Aunque lo que más le preocupa a este propietario es que los problemas hayan trascendido hasta afectar a la fachada del edificio. «Se han llegado a caer ventanas que estaban mal encajadas», asegura. Otra vecina, Pilar Huerta, relata un caso similar y afirma que hace años «denuncié a la comunidad porque tengo dos pisos en propiedad, con agujeros y azulejos salidos que se llegan a apreciar desde la calle», señala.

Javier Rodríguez fue el primer propietario que se instaló en el edificio y recuerda que «siempre ha habido problemas con los administradores», lo que ha impedido resolver la situación. Como critican los residentes, el actual administrador ni siquiera estuvo presente en el momento en que se ha procedido a cortar la calle por la caída de elementos a la vía pública.

Preguntado por la situación, el presidente de la comunidad, Eduardo Roldán, alude al constructor, «que no hizo las cosas bien en su momento, lo que ha motivado la aparición de múltiples deficiencias en los pisos». A las reuniones ordinarias y extraordinarias que se convocan en la comunidad, «acuden tan solo treinta o cuarenta propietarios, que son los que abonan las cuotas», explica el presidente. Sin embargo, el montante total resulta insuficiente para sufragar las obras de mejora de la infraestructura. Además, «desconocemos la totalidad de la deuda que hemos ido contrayendo, pero seguro que es una cifra alta, sobre todo después de tantas idas y venidas de los diferentes administradores».

Por el momento, la zona continuará precintada para evitar accidentes por el desprendimiento de nuevos elementos sobre vehículos o personas. La alcaldesa ha hecho un llamamiento a todos los vecinos del entorno para que respeten las vallas que impiden el acceso a la estación de ferrocarril y ha recordado que existen «itinerarios alternativos». Díaz ha explicado además que para garantizar la seguridad de los vecinos,«se ha habilitado una entrada segura al edificio y a la zona de los garajes». La regidora mantuvo un encuentro con los afectados, a quienes trasladó su apoyo y les aseguró que contribuiría a encontrar una solución. «Prestaremos toda la ayuda posible desde el punto de vista legal», adelantó la alcaldesa. Aunque está por ver hasta dónde puede llegar la Administración en este caso, ya que se trata de una propiedad privada.

Rosa Díaz lamenta que, además de los defectos estructurales, «existan problemas porque se desconoce a qué a entidad o entidades pertenece una parte importante de la urbanización». Estos supuestos propietarios «adeudan a la comunidad una importante cantidad de dinero», que permitiría sufragar los gastos derivados de las actuaciones de rehabilitación.

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