El semáforo 'foto-rojo' de Puente San Miguel comenzará hoy a multar a los infractores

Sobre el funcionamiento del dispositivo, García de la Rasilla concretó que va a servir para «sancionar a los vehículos que se salten el semáforo en rojo», al igual que lo venía haciendo la empresa anterior, Vialine. Pero además, como novedad», «capta todas las matrículas de los vehículos que transitan por esa vía», lo cual le confiere la cualidad de ser un «elemento más de seguridad para el pueblo», especialmente teniendo en cuenta la situación de la plantilla de la Policía Local, que sólo cuenta con tres miembros. «Suple la falta de efectivos personales», dijo.

Así, García explica que este sistema podría ser útil, por ejemplo, si un vehículo es sustraído o pesa sobre él una orden de busca y captura. «Cuando pase por ahí lo van a detectar», comentó.

Al igual que en la anterior etapa del dispositivo, que estuvo funcionando desde octubre de 2017 hasta julio de 2018, los conductores que se salten el semáforo en rojo serán multados con 200 euros y perderán cuatro puntos del carnet.

Los vecinos de los bloques cercanos al semáforo en cuestión denunciaron en su momento que se estaban «quedando sin puntos» y calificaron de «alarmante» la cantidad de expedientes sancionadores que se procesaron. En base a que consideraban que se trababa de un dispositivo «fraudulento» y de que no dejaba margen para reaccionar al cambiar de verde a rojo más rápido de lo debido, exigían al alcalde, Pablo Diestro, su retirada.

Sin embargo, el regidor municipal, mantenía y sigue manteniendo que «si vas despacio no tienes problema» y asegura que es «totalmente legal». Además, Diestro se ampara en que la finalidad principal de la medida es acabar con un «punto negro» en la circulación por el municipio, algo que considera que ha funcionado porque en el tiempo en que estuvo instalado «no hubo ningún accidente».

Sin embargo, el grupo de vecinos, que se encargó también de mandar escritos al Gobierno regional., insiste en que ese tramo no entraña ningún peligro, y achacó la medida a «una finalidad recaudatoria». Como referencia, desde que el radar entró en funcionamiento, en octubre de 2017 hasta mayo de 2018, momento en que se aportaron datos desde el Ayuntamiento, se habían recaudado 700.000 euros, a repartir entre empresa y consistorio.