El Seprona recomienda acotar una zona de la playa de Mogro ante un posible vertido fecal

La Guardia Civil ha recomendado este lunes acotar un perímetro de seguridad junto al aliviadero que conecta con el saneamiento y va a parar a la playa de Usil en Mogro. Unas horas antes, vecinos y miembros del grupo Equo en Miengo habían denunciado a pie de playa la existencia de «un vertido de aguas fecales» y llamado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que se tomaran muestras de las aguas «marronosas» y atestiguaran el intenso olor que emanaba del riachuelo, que salía de la arqueta y se adentraba en el arenal.

Equo Miengo ha denunciado la «parsimonia local» a la hora de actuar, ya que el problema se sucede «desde 2015». Existen, dicen, informes de la empresa que realiza el mantenimiento de las instalaciones en los que se insiste en el mal estado de las bombas y en los vertidos de aguas fecales cuando éstas se paran. Por su parte, el teniente de alcalde, Manuel González (PSOE) ofrece una versión distinta y descartaba que se hubiese producido un vertido, aunque sí reconoce que «por seguridad» la Guardia Civil le recomendó acotar esa parte donde se encontraba la arqueta y el riachuelo que se formó. «No nos consta que sea un vertido como dicen, el Seprona cuando llegó dijo que el sistema de bombeo estaba funcionando bien, no obstante a mí me avisaron a las 3.45 horas y podría haberse producido un fallo puntual en la bomba», admitió.

El pasado año la playa se tuvo que cerrar al baño en al menos una ocasión porque hubo un vertido importante procedente del saneamiento. También consta un informe del muestreo de Medio Ambiente, correspondiente al pasado 6 de junio, donde se declaraba que en esa fecha el agua «no era apta» para el baño.

Coincidiendo con el vertido, el Pleno abordó también la propuesta de modificación de crédito por importe de casi 170.000 euros para la adquisición de nuevas bombas, «para evitar un daño en la salud pública», señaló entonces el teniente de alcalde, tras reconocer que hay una demanda en marcha contra el Gobierno regional por no asumir el mantenimiento de esta infraestructura, a pesar de que «nos cobra 300.000 euros al año».

El gasto fue aprobado con los votos a favor de Equo y el equipo de Gobierno (los dos exediles del PSOE), mientras que PP votó en contra y el PRC se abstuvo. Los regionalistas insistieron en que con esa decisión el alcalde, Jesús Jara, quería «trasladar su responsabilidad» con respecto a posibles denuncias ambientales al resto de la Corporación. Por su parte, Equo afirmó que votó a favor para «evitar un mal mayor, pero fue muy crítica con la gestión realizada».