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El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana aprobó ayer una modificación en la ordenanza del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) para ampliar el rango de la bonificación en lo que respecta a las familias numerosas, cuyo valor catastral pasa de 100.000 ... a 150.000 euros; a los no empadronados, que podrán acogerse a la bonificación del 2% por domiciliación que ya disponen los empadronados; y al fraccionamiento en tres plazos y no dos.
La propuesta, que quedó aprobada con los votos a favor del equipo de gobierno (PP-Vox) y del PRC -y la abstención del PSOE-, fue explicada por la concejala de Economía, Marta Fernández, quien matizó que la bonificación del 2% para las domiciliaciones de los no empadronados sólo se aplicará a una vivienda por supuesto pasivo.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Alberto García Onandía, dijo que esto es un «cambio de rango», aunque no le pareció apropiado el aumento de la acotación económica. Si bien, matizó, «no repercutirá de manera relevante» en las arcas municipales, cuestionó que se bonifique a las «grandes rentas» y a «los no empadronados», quienes no tienen viviendas habituales, sino suelen ser propietarios de pisos turísticos.
El Pleno también aprobó, por unanimidad, un reconocimiento extrajudicial de crédito para poder asumir una obra ya ejecutada por el anterior equipo de gobierno.
Por su parte, el portavoz puntual de ADVI, Carlos Cabeza -que actuó como tal ante la ausencia de Milagros Bárcena-, aseguró que se trata de «una más» porque es una factura que «no tenía crédito» y que «no tenemos otra forma de efectuar el pago». Esto es: «Una obligación económica indebidamente adquirida».
De su lado, el líder del PSOE explicó que para poder ejecutar la obra se tuvo que llevar a cabo una modificación de crédito y que, ahora, este trámite permitirá un «finiquito». Sin embargo, el discurso mencionó al interventor y este tomó la palabra en varias ocasiones, refiriéndose al socialista con un «no se ha enterado de nada» y acusándole segundos después de «manipular» los pliegos y de acceder a sus expedientes personales. El rifirrafe no llegó a más, pese a que García Onandía pidió a la alcaldesa, Carmen Pérez, que no permitiera al interventor hablar de temas que no fueran exclusivos del orden día del pleno y exigió a este se retractara públicamente, ya que «nunca he accedido a expedientes personales».
El Pleno también aprobó la aceptación del condicionamiento para la legalización de la concesión de siete metros cuadrados en la playa de San Juan, conforme a una actuación llevada a cabo por Costas en el pasado.
En el turno de ruegos y preguntas, el PSOE se interesó por el Plan de Igualdad tras la desaparición de la concejalía que se ocupaba de ello en la legislatura anterior. La alcaldesa explicó que se está trabajando en cómo destinar los fondos del pacto de Estado y del Plan interno municipal.
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