Bezana aprueba una prórroga de diez años en el contrato del servicio de agua

La prórroga del contrato del servicio de agua contó con el voto favorable del equipo de gobierno (PSOE-PRC-Unidas Podemos) y su aprobación no supondrá ningún incremento en el coste del servicio durante el próximo ejercicio, pero sí una mejora sustancial de las prestaciones e inversiones. Así lo explicó el alcalde, Alberto García Onandía, poniendo de manifiesto que por parte de la empresa concesionaria existe el compromiso de aportar más 200.000 euros por cada año de prórroga, además de otros 500.000 euros que realizará a lo largo de todo el contrato.

De este modo, con la conexión a la Autovía del Agua «obtendremos más fiabilidad en el servicio y se reducen los riesgos de que, en algún momento concreto, pudieran darse problemas de abastecimiento», dijo el regidor. Además, el Consistorio anunció que se prevé «se va a producir un incremento importante en la calidad del agua municipal, que disminuirá su dureza en, aproximadamente, cinco grados franceses.

La medida contó con los votos en contra de Vox y la concejala no adscrita; y las abstenciones del PP y Ciudadanos.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Enrique Gordaliza, mostró su preocupación por el problema de la cal del agua que tiene Bezana y que sigue sin solución y sus dudas «más que razonables» por los diez años a los que este contrato «compromete» al municipio.

De su lado, el portavoz de Vox, José Luiz Vázquez, aseguró no convencerle los argumentos dados por el equipo de gobierno y mostró sus dudas respecto a «comprometer» durante dos legislaturas a este ayuntamiento. «Estoy en contra de que, por higiene democrática, esta corporación, un mes antes de la convocatoria de elecciones municipales, renueve por diez años un contrato así. No me parecen ni formas, ni conceptos», espetó Vázquez.

También la concejala no adscrita, Milagros Bárcena, cuestionó la gestión del equipo de gobierno en este asunto porque, al final, dijo, «hacemos contratos a la carta». «Por qué siempre tiene que ser la misma empresa. Esto a mí me chirría muchísimo», advirtió Bárcena.

La sesión, de carácter ordinario, comenzó con la intervención del alcalde para informar de que se retiraba de la orden del día el punto relativo al acuerdo con los representantes sindicales del cuerpo de Policía Local. Después, se dio paso a la toma de posesión de Francisco Javier Bel, como nuevo concejal en el grupo municipal de Ciudadanos, y de Margarita Alonso, como edil en el grupo municipal de Unidas Podemos.

Durante el Pleno, también se dio cuenta del periodo medio de pago en el tercer trimestre de este, que se establece en 13,65 días, según informó el alcalde.

Por otro lado, el Pleno aprobó, con los votos a favor del equipo de gobierno, PP, Ciudadanos y Vox -la concejala no adscrita, Milagros Bárcena, se abstuvo-, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones (ICIO), con el objeto de ofrecer una «bonificación para la mejora de las envolventes térmicas en edificios ya existentes, y reducir así el gasto energético».

Con esta modificación, se bonificarán en un 30% aquellas obras de rehabilitación que reduzcan una letra en la escala de mejora de la calificación energética total del edificio; un 60% si se rebajan dos letras, y un 90% en el caso de que estas mejoras supongan una bajada de tres o más letras.

El Pleno también aprobó, gracias al voto a favor del equipo de gobierno, Ciudadanos y PP, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos (TURB), que tiene por objeto apoyar las actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas en viviendas, la rehabilitación de edificios catalogados y, de nuevo, las obras de mejora energética, mediante el establecimiento de una tasa fija de 51,5 euros. En este punto, el grupo Vox y la concejala no adscrita, se abstuvieron.

El Pleno del Ayuntamiento también sacó adelante este miércoles el pliego de condiciones técnicas y administrativas para la licitación del contrato de 'Mantenimiento de zonas verdes públicas'. El actual vence en enero de 2023 y gracias a esta medida, explicó García Onandía, se procederá a la regulación de este servicio, lo que incluirá «una clara mejora y optimización en su gestión» además de introducir innovaciones tecnológicas que permitirán aumentar su eficiencia.

En este caso, el contrato saldrá a licitación por un total de cuatro años, más uno de prórroga, y un valor estimado de 2,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,8% con respecto al año anterior. El precio de licitación anual será de 423.868,96 euros.