Bezana debate prohibir el botellón en el municipio

El objetivo de esta normativa, según se recoge en su exposición de motivos, es proteger la salud pública, sobre todo de los menores, así como la utilización racional de los espacios públicos, «garantizando el disfrute» de ellos por parte de todos los ciudadanos, «sin que las actuaciones de algunos, que implican un uso abusivo de las calles, supongan un perjuicio grave a la tranquilidad y a la paz ciudadana».

También se explica que la ordenanza municipal sobre protección ciudadana y prevención de actuaciones antisociales no resulta «suficiente» en materia de prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que se considera necesario contar con una normativa concreta.

Es por lo que también se plantea modificar la primera ordenanza, de cara a que la actuación sancionadora del Consistorio contra el «botellón» tenga su regulación específica.

La nueva norma se justifica por la «importante» demanda de intervención municipal que viene realizando la ciudadanía al respecto y determina la prohibición de esta práctica por ser perjudicial para la salud pública y «gravemente» molesta para el vecindario, además de dañar el espacio o entorno en el que se produce.

En lo que al régimen sancionador se refiere, clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves con multas desde 1.001 euros hasta 3.000 euros para las primeras, desde 501 hasta 1.000 euros para las segundas y de 150 a 500 euros para las terceras.

Además, los agentes de la Policía Local retirarán e intervendrán cautelarmente las bebidas, los envases o demás elementos objetos de la prohibición, así como otros materiales o medios empleados en el «botellón».

Y se recoge que los padres o tutores, en el caso de menores, serán también responsables directos y solidarios de las infracciones cometidas siempre que, por su parte, conste dolo, culpa o negligencia, «incluida la simple inobservancia».

El importe de las sanciones económicas obtenidas por la aplicación de esta ordenanza se destinará íntegramente a financiar programas de ocio para jóvenes y para reparar los daños ocasionados en bienes municipales si los hubiera y podrán ser reducidas con trabajos o actividades en beneficio de la comunidad.

La propuesta de Alcaldía incluye someter el acuerdo a información pública, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, por un periodo de treinta días para la presentación de alegaciones y reclamaciones.

Entre otros temas, la sesión plenaria de este miércoles servirá también para debatir una moción del equipo de gobierno sobre limitación de la ubicación de salones de apuestas y juegos de azar cerca de centros educativos, culturales, juveniles, espacios dedicados a juegos infantiles y bibliotecas.

Asimismo, plantea limitar la difusión de contenido audiovisual publicitario, como las cuotas de apuestas en eventos deportivos, y hacer efectiva la protección del público infantil y juvenil.

Junto a ello, se propone reforzar la formación de la Policía Local de modo que se familiaricen con las infracciones más habituales relacionadas con las apuestas y el juego, particularmente en el acceso de menores de edad, personas incapacitadas y aquellas con el acceso restringido al juego.

Y plantea instar al Gobierno de Cantabria a elaborar un plan de prevención de la ludopatía en jóvenes, que incluya campañas informativas sobre la consecuencias del juego, y a incluir la ludopatía y la adicción a las apuestas en un plan sobre adicciones que no sólo recoja las ligadas al consumo de sustancias psicoactivas.