Buruaga: «No sé a qué espera el consejero para dimitir o Revilla para cesarle»

Sáenz de Buruaga ha aprovechado el acto de presentación de dos de sus candidatos en Piélagos y Santa Cruz de Bezana (Carlos Caramés y Carmen Pérez) para arremeter contra el Gobierno regional por este asunto que ha salpicado a las filas regionalistas, recordando que primero vino el «esperpento» de los trenes «que no caben por los túneles» y, ahora, «una operación policial y judicial por presunta corrupción». Se tratan, añadió, de «dos signos evidentes» de que en Cantabria «no gobierna nadie», de que «aquí no hay nadie a los mandos». Pero también, dijo, de que aquí, «nadie asume responsabilidades políticas y de gestión por nada». «Da igual lo que pase que nunca saben nada y nunca se enteran de nada».

«Estamos hablando del Gobierno regional y de una competencia regional; de una Consejería que lleva 30 años en manos del PRC; del presupuesto y el dinero de todos los cántabros y de un jefe de servicio que nombraron ellos y que tiene por encima a dos altos cargos: el director general y el consejero», añadió Sáenz de Buruaga.

A su juicio, una cosa es la responsabilidad jurídico penal que «tendrán que dirimir los jueces» y otra bien distinta, «la responsabilidad política y de gestión». En este sentido, dijo que resulta «increíble» que «nadie se enterara de nada». «Nadie puede creer que un consejero que firma las adjudicaciones y un director general que participa en el procedimiento no sepan lo que adjudican y lo que firman, no hagan seguimiento y no haya ningún control».

Por eso, Buruaga consideró que, «como mínimo», lo que hay es una «culpa in vigilando clarísima» y una «dejación de responsabilidades alarmante». La responsabilidad política y de gestión es «inapelable», añadió la presidenta de los populares, y eso lo están «tardando en asumir».

La presidenta de los populares dijo esperar que Revilla aplique «en su Gobierno, en su casa y en su partido, la misma vara de medir que utiliza para todos los demás: ejemplaridad». «Que no pretenda ventilar esto -añadió- con un expediente disciplinario al funcionario que sabe, porque es de primero de derecho, que no puede abrir una vez que se ha iniciado un procedimiento penal». Si hay que inhabilitarle o echarle de la función pública «ya lo van a hacer los jueces».

Por último, Buruaga lamentó que en el PRC se esté tratando de desviar la atención; si «no se toman medidas en casa es burlarse de todos los cántabros».