La jueza investiga si la exinterventora de Noja también pudo desviar fondos públicos en Bezana

En un informe de la Agencia Tributaria (AEAT) fechado el pasado 30 de julio, y al que ha tenido acceso El Diario Montañés, se recoge que la funcionaria –que fue tesorera en funciones en el Ayuntamiento de Bezana,– realizó transferencias en los años 2015 y 2016 desde la cuenta del Consistorio a la de su hermana (que ha sido denunciada), «sin justificación aparente para ello, por importes superiores a 50.000 euros, y falseando el nombre e identidad del beneficiario de la transferencia».

¿Y cómo descubrió la Agencia Tributaria este supuesto delito de malversación de caudales públicos, tal y como ocurrió en el caso del Ayuntamiento de Noja? El origen de todo está en la operación 'Trigo Limpio', una mediática causa en la que el Juzgado de lo Penal Nº3 condenó a once personas en 2017, entre ellas al mediador inmobiliario José Antonio L.G. (padre de la investigada) y al abogado Rodolfo M.P., a ocho y seis años de cárcel, respectivamente, y al pago de multas millonarias, como responsables de ocho y seis delitos contra la hacienda pública, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Como consecuencia de esas condenas, los jueces encargaron a la Agencia Tributaria el embargo de bienes a José Antonio L.G. a efectos de que respondiera a las responsabilidades civiles y la pena de multa derivadas de dicho procedimiento.

Según relató la jefa de la Dependencia Regional de Recaudación ante el fiscal el pasado 5 de octubre, a raíz del requerimiento de los jueces se inició un procedimiento de apremio con intención de analizar la titularidad de bienes patrimoniales a nombre del condenado y también la investigación de su entorno próximo para determinar o para descubrir posibles ocultamientos sirviéndose de personas cercanas. «Las finalmente denunciadas (Irene y su hermana) son hijas de José Antonio L. G, razón por la que se inició una investigación sobre sus cuentas bancarias, así como la de su madre –investigada en otra causa judicial– con el objeto de verificar si existían entradas dinerarias anómalas o injustificadas que pudieran evidenciar un ocultamiento, desviación o encubrimiento de bienes patrimoniales por parte del condenado para incumplir sus responsabilidades penales y civiles».

En el curso de dichos análisis, la Agencia Tributaria detectó entradas de «cantidades importantes de dinero» en la cuenta de la hermana de la funcionaria, en los años 2015 y 2016, procedentes del Ayuntamiento bezaniego. «El beneficiario aparente se correspondía con distintas administraciones públicas, de forma que, supuestamente, eran operaciones de tráfico corriente del Ayuntamiento, disponiendo cantidades de forma regular para pagos o transacciones a dichos organismos». Inicialmente, la AEAT verificó que dichas transacciones ocurrieron al menos en siete ocasiones y, una vez comprobada esta «actuación sospechosa», lo denunció.

El mismo día en que la jefa de la Dependencia Regional de Recaudación ofreció estos detalles al fiscal, compareció el alcalde de Santa Cruz de Bezana, Alberto García, que simplemente se limitó a señalar que ostentaba su cargo actual desde 2019, que fue concejal en la legislatura 2007 a 2011 y que «obviamente no tengo constancia de ninguna posible irregularidad contable que se hubiera desarrollado en los ejercicios 2015 y 2016».

La magistrada del Juzgado Número 1 de Santoña, Elena Antón, ha citado a declarar, en calidad de investigada, a la exinterventora de Noja y extesorera de Bezana el próximo 14 de enero a las 10.30 horas. Ese día también han sido llamadas a testificar las directoras e interventoras de sucursales de dos entidades bancarias de Castro y Santander.

No obstante, la primera testifical, del interventor del Ayuntamiento de Noja, tendrá lugar este viernes, cuando también declararán otros cuatro testigos más.