Camargo desoye al TSJC y archiva el expediente disciplinario contra el jefe de su Policía Local

Sin embargo, el equipo de Gobierno PSOE-PRC ha amparado al jefe policial y ha decidido no incoar el pertinente expediente disciplinario después de que el mando fuera condenado en abril de 2016 por un delito de amenazas y maltrato leve tras agredir a un agente en prácticas.

Esta decisión, al no ser firme, fue recurrida ante el TSJC por el Consistorio camargués a principios de 2018. En sus alegaciones, la Casona se justificó bajo la condición de que el subordinado no estaba legitimado a recurrir este tipo de competencias. Sin embargo, la defensa del subordinado, en su escrito de oposición, apeló a que «ninguna de las pretensiones de la sentencia por delito leve han sido asumidas por el Ayuntamiento, quien ha optado por el silencio» y, ante la falta de actuación de la Administración, el agredido se ha visto «obligado a solicitar la tutela judicial con el objeto de evitar que el Consistorio siga protegiendo al agresor». Además, el escrito remarca también que «se vienen promocionando expedientes disciplinarios contra el subordinado agredido y contra la de aquellos que testificaron en el proceso penal» y señala asimismo que dichos expedientes «sí son tramitados por el Ayuntamiento demandado».

A estas alturas, el juez instructor del caso, Luis Acayro Sánchez, ya avisó a la Casona de que archivar el expediente disciplinario a Salmón sólo se podía entender como «el anuncio de quien puede cometer un delito de prevaricación administrativa».

Cabe recordar que los hechos que han acabado en esta sentencia se remontan a octubre de 2015, cuando se produjo una trifulca en el despacho de Jesús Salmón, por la que fue condenado en abril de 2016, fallo ratificado en noviembre de ese año. A la par que se incoaron diligencias penales tras la discusión, el Consistorio inició un expediente disciplinario, que arrancó como infracción grave y después dejó en suspenso.

Aunque la condena fue firme, el Consistorio camargués no movió ficha, por lo que la víctima se vio obligada, en enero de 2017, a continuar con el expediente. El juez apoyó esta postura ya que «la Administración está obligada a impulsar de oficio el expediente disciplinario que se deriva de los hechos constitutivos del delito por el que ha sido condenado». Igualmente, abundó en que «el procedimiento disciplinario es ajustado al principio de impulso de oficio, por lo que el silencio y la pasividad de la Administración cuando ha sido requerida por la víctima es manifiestamente ilegal».

El siguiente movimiento tuvo lugar en mayo de 2018, cuando el TSJC estimó «parcialmente» el recurso presentado por el Ayuntamiento. Precisamente, el fallo condenó a la Administración local a «incoar expediente disciplinario por estos hechos por infracción grave o leve, sin tener al subordinado como personado en dicho expediente y sin imposición de las costas de la instancia». Además, la Sala de lo Contencioso no consideró «ajustada a derecho» la petición de incoar expediente disciplinario por falta «muy grave». Por eso, se concluyó que el expediente debería ser «grave o leve» y no «muy grave» como pedía el subordinado.

A día de hoy, la Casona ha optado por la inactividad justificándola a través de un escrito de cinco alegaciones remitido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Santander. En él, se detalla que el TSJC «estimó el recurso de apelación promovido por el Consistorio» (como ya se ha relatado) y se explica también que, en junio de 2016, se incoaba expediente disciplinario a Jesús Salmón por la comisión de una falta leve pero, a finales de 2018, «a la vista de la alegación efectuada por el propio Salmón de prescripción de la falta disciplinaria leve imputada, se procedió a declarar prescrita la misma».

En este sentido, el Ayuntamiento señala que ha realizado una «actuación correcta» ya que abrió expediente disciplinario por falta leve teniendo en cuenta que el TSJ no admitió la petición del demandante de incoar expediente por falta grave.

La alcaldesa, Esther Bolado, «suplica al Juzgado» que, teniendo en cuenta que el Consistorio ha presentado las alegaciones «en tiempo y forma», «se entienda debidamente ejecutada la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC o, en otro caso, se den indicaciones a esta Administración de qué trámites ha de efectuar».