Camargo investiga hasta ocho vertidos ilegales captados con cámaras en el polígono Elegarcu

Esas escenas no cambian, «más bien, al contrario», como señala el presidente de los empresarios del recinto, Francisco de la Fuente, uno de los responsables que, gracias al nuevo sistema de vigilancia, cazó 'in fraganti' a los responsables de al menos ocho vertidos distintos. Por fortuna, los medios tecnológicos, unidos a esa colaboración con la Policía están dando sus frutos. «Es un problema muy serio que afecta a la actividad de todas estas firmas y al futuro del polígono», agradece el responsable del espacio industrial, en el que no es la primera que se pone el foco a raíz de unas grabaciones de cámaras de seguridad. Ni mucho menos. Para hacerse una idea de lo habitual que resultan estas prácticas, en marzo ya se abrieron diligencias y se imputó un delito contra el medio ambiente a los autores de un vertido de uralita -que contiene amianto-, captados gracias a las imágenes de este sistema de seguridad instalado a inicios de año.

El resultado de este y otros problemas es la marcha de los negocios, primero, y, con ella, el deterioro de un polígono que «podría ser el hogar de muchas empresas», como se queja De la Fuente, que atribuye esta «decadencia» a los residuos, sí, pero también a la desidia que, según opina él, demuestran los representantes municipales del Ayuntamiento de Camargo. «Se nos van las empresas. Estamos completamente abandonados. Pedimos ayudas pero no hacen nada», enumera el máximo representante de los negocios de Elegarcu al tiempo que camina junto a los residuos apilados en una de las esquinas.

Las firmas que componen el complejo tomaron la delantera en la lucha contra los vertederos ilegales antes de la pandemia. El proyecto, costeado con dinero de los empresarios de la zona, comparte objetivo con la iniciativa del Ayuntamiento de Camargo de instalar cámaras de seguridad en diferentes áreas industriales y poner fin a las imágenes de sofás, escombros, plásticos y todo tipo de desperdicios acumulados en las esquinas. Es más, para lograrlo se ha propuesto destinar una cantidad cercana a los 170.000 euros en sistemas de vigilancia, como ya avanzó en octubre el edil de Obras, Personal y Policía Local, Íñigo Gómez.

Y no quedan ahí las intenciones del equipo de gobierno. Además de cortar por lo sano con los irresponsables que vierten sus desechos en la calle, el Consistorio extenderá la instalación de cámaras de seguridad a otros puntos del casco urbano al objeto de «aumentar la seguridad de todos los vecinos», como se propuso el concejal, uno de los responsables al frente de esta red de colaboración -muchas veces público-privada, dada la titularidad de cada polígono- con compañías y propietarios.