Camargo lleva a pleno la nueva ordenanza de recogida de basura

El Ayuntamiento de Camargo aprobará previsiblemente esta semana, en la sesión plenaria ordinaria, la nueva ordenanza reguladora de la recogida de residuos. De esta forma, tal y como ha explicado el alcalde, Diego Movellán, «actualizamos el reglamento vigente, que data de 2004, y lo adaptamos a las necesidades actuales», conforme al modelo marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la legislación vigente en la materia.

Un punto en el que Movellán ha indicado que el objeto de la norma es «evitar la generación de desechos» y, cuando ello no sea posible, «facilitar su gestión de cara al reciclado», de manera que «seamos capaces de disminuir la cantidad de residuos que terminan depositándose en vertederos», dijo.

Con el objeto de regular la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos urbanos, la nueva ordenanza también delimita las obligaciones de los ciudadanos, que deben separar los residuos correctamente y depositarlos en los contenedores adecuados, y prohíbe el vertido de residuos en la vía pública, así como su depósito fuera de los horarios establecidos. Asimismo, la norma establece multas por incumplimiento, que varían según la gravedad de la infracción.

En el articulado de la ordenanza también se establece la financiación de los servicios de recogida, además de las actuaciones que debe prestar este servicio, las modalidades, los contenedores y las disposiciones sobre la retirada de los diferentes residuos, así como de los desechos especiales cuya recogida va separada, y que incluye desde medicamentos, aparatos eléctricos, pilas, aceites usados, colchones y escombros de construcciones, hasta animales muertos, textiles o vehículos abandonados.

En cuanto a las infracciones, que se tipifican desde leves a muy graves, y cuyas multas económicas oscilan, en el caso de las graves, de los 2.000 a los 100.000 euros de sanción por vertidos incontrolados en la vía pública. Las cantidades en las diferentes categorías establecidas varían en función del grado de incumplimiento, y tienen en cuenta las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en la ordenanza, así como aquellas otras tipificadas en la legislación autonómica o estatal.

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