Daniel Sáiz es uno de esos trabajadores que encarna la indignación por la que pasa todo este complejo industrial. Responsable de la empresa Almacenes Lavín en esta sede -también alcalde pedáneo de Hinojedo (Suances)-, asiste a las consecuencias del «terrorismo ecológico» cada mañana, lo que hace «un daño terrible» no sólo a este negocio sino a «toda la actividad y supervivencia del polígono». De ahí la decisión que, de forma pionera en el valle, tomó toda la comunidad de empresarios en febrero del año pasado: la de instalar dos dispositivos a la entrada y salida del recinto para tratar de cazar 'in fraganti' a los culpables.
Han pasado 18 meses y varios miles de euros invertidos desde entonces, pero los resultados no son los esperados. Para muestra, las más de veinte imágenes distintas grabadas y enviadas a las autoridades de Camargo en los últimos meses que, de momento, no se traducen en el cese de los vertidos. Instalación de los dispositivos al margen, que también costó otro pellizco en su momento, la propia extracción de las capturas ha costado «no menos de 3.000 euros» en lo que va de verano, según estima el responsable de Almacenes Lavín.
El recinto de Cacicedo fue el primero de todo el valle en instalar cámaras para disuadir a los culpables, en febrero del año pasado
Lo que sí puede garantizar el Ayuntamiento es que una parte de estos avisos sí está derivando en al menos siete denuncias, aún en tramite por los efectivos de la Policía Local. Dicho eso, no todas las imágenes tomadas en Elegarcu son de utilidad para las investigaciones, según aseguran desde el equipo de gobierno. En algunas de estas instantáneas «no se ve a nadie realizando los vertidos, solo la basura», de manera que «no se puede iniciar denuncia», revela el Consistorio, antes de distinguir también entre lo que es suelo público y privado. En el primer caso, mano tendida, los servicios generales serán avisados «lo más rápido posible» para limpiar los restos; ahora, siempre que se trate de una parcela privada, «tendrán que ser los propietarios de los terrenos los que denuncien».
Este último es un asunto complejo que siempre divide al Ayuntamiento y a los perjudicados. Y el polígono Elegarcu tampoco es una excepción: «Los vertidos afectan a una carretera pública -en el barrio La Central-. Si no retiráramos los desechos, ni siquiera se podría circular», contrapone Sáiz, que reclama ayuda al Consistorio para acabar con el problema y, con ello, tratar de mejorar el pulso de una zona industrial con signos de deterioro.
Escombros, al punto limpio
Ni esa ayuda que reclaman los empresarios de Elegarcu ni las cámaras de seguridad instaladas hace un año y medio serían necesarias si los culpables de estos delitos optaran por utilizar el sentido común y sobre todo no contaminar las calles con su basura. Existen cauces legales, más fáciles y sobre todo más civilizados para deshacerse de los restos.
La administración de Camargo cuenta con un punto limpio ubicado en la calle Hermanos Torre Oruña, en Muriedas, que gestiona la empresa pública de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria (MARE), además de un servicio de recogida específico para cada tipo de desechos, puerta a puerta, para que las compañías puedan gestionar cómodamente los desperdicios fruto de su actividad.
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