La UC espera el permiso del Gobierno para estudiar los daños en el interior de El Juyo

Camargo ·
Los investigadores han visitado la cavidad en dos ocasiones, pero siguen pendientes del resto de autorizaciones para tomar muestras

Javier Gangoiti

Igollo de Camargo

Domingo, 18 de abril 2021, 08:28

Apenas unos días después de que una obra sin licencia ni autorización sembrara dudas y preocupación sobre el estado de la cueva de El Juyo -en Igollo de Camargo- a inicios de febrero, el Gobierno autonómico y la Dirección General de Patrimonio confiaron en ... los investigadores de la Universidad de Cantabria (UC) para poner negro sobre blanco y conocer lo antes posible el impacto real de esta actuación ilegal. Pero el hecho de que los geólogos y el resto de expertos que participan en el estudio tengan la aprobación del Ejecutivo para iniciar sus indagaciones no significa que tengan vía libre para entrar y empezar a tomar muestras de un día para otro. Desde el punto de vista administrativo no es tan sencillo entrar en una cueva prehistórica -considerada Bien de Interés Cultural (BIC) y protegida por la Ley de Patrimonio- y empezar a examinar sus galerías. En esa fase de formalismos sigue el protocolo de entrada a la cavidad, aún pendiente de que el Ejecutivo conceda los permisos necesarios y que los investigadores puedan empezar a trabajar sobre el terreno, tomar muestras y llegar a alguna evidencia dentro de unas semanas.

A partir de ahí, cuando el Gobierno conceda el permiso de investigación, todo será más sencillo. Los expertos podrán visitar El Juyo con más frecuencia, conocer mejor sus galerías, diseñar su plan de trabajo y, con ello, conocer qué metodología se ajusta mejor a las condiciones de la cueva. La información de la que disponen ahora no es suficiente para sacar muchas conclusiones. Hoy por hoy, en la «fase de planteamiento» en el que se encuentra el estudio y con tan solo dos visitas realizadas al interior de la gruta, para los científicos resulta muy aventurado adelantar dónde se tomarán las muestras o qué plan contemplan para las próximas semanas. Se están dando ya los primeros pasos, y esas primeras entradas han consistido de momento en una mera inspección para tantear el terreno.

Lo que sí se sabe ya es la otra parte de la historia, lo que ya desvela el estudio arqueológico: que la Junta Vecinal de Igollo -dirigida entonces y ahora por Nieves Portilla (PP)- ni comunicó ni pidió ningún permiso al Ejecutivo autonómico para encargar unas obras de 'mejora' en el acceso a la cavidad. La pedanía eludió todos los cauces legales y, de la mano de la Fundación Naturaleza y Hombre (FNyH), acometió su particular lavado de cara ejecutando movimientos de tierra, rellenando y allanando una gran superficie de terreno con toneladas de grava a modo de pavimento. El resultado lo daba a conocer Patrimonio en febrero: la posible alteración, y grave, del cauce natural de las aguas de un arroyo que desciende por la colina y se sume en el interior de la cueva. Dos años y medio después de la obra, y a la espera de que las indagaciones arrojen algo más de luz, la Junta y la entidad naturalista reparten culpas al respecto.

Cuando esas responsabilidades se diriman llegará el momento de hablar sobre la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, que señala los castigos por estas negligencias. Por lo pronto los daños al Patrimonio Histórico y Cultural están tipificados como delito en el Código Penal, incluso si se cometen por imprudencia. La norma establece multas desde los 100 euros -cuando no existan daños pero sí se haya realizado una actividad arqueológica sin permiso- hasta los 150.000, cuando sí hayan provocado daños al bien protegido, en este caso la cueva.

Ahora, si se vulnera el patrimonio, los castigos pasan a ser más duros. En su artículo 323, la norma llega a hablar de penas de prisión de seis meses a tres años -o multa de 12 a 24 meses- en aquellos casos en los que se causen daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. El artículo siguiente, el 324, también aborda el tema cuando la causa es la «imprudencia grave». En esos casos el que ocasione daños en el patrimonio en cuantía superior a 400 euros será castigado con multa de tres a 18 meses, atendiendo a la importancia de los mismos.