La Fiscalía investiga si hay responsabilidad penal en las obras del entorno de El Juyo

Desde enero de 2021, y por encargo del Gobierno regional, la Universidad de Cantabria (UC) viene haciendo indagaciones técnicas sobre el impacto de estos trabajos, que podrían haber puesto en peligro el equilibrio natural de la cavidad. Mientras los expertos ultiman este análisis -que ofrecerá conclusiones este mes, según Patrimonio- el Ministerio Público se suma ahora a la investigación de estos presuntos delitos, hechos que de ser probados podrían responder además ante la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria y, dentro de ésta, a los daños al Patrimonio Histórico y Cultural -que contempla multas de hasta 150.000 euros-.

Fechas, permisos, actas, el dinero... La Fiscalía se centra ahora en recabar toda la información posible sobre las circunstancias en que se idearon las obras de la polémica, unas labores ejecutadas por la Fundación Naturaleza y Hombre (FNyH), a la que la Junta cedió los terrenos durante un periodo de 25 años. Esos acuerdos previos también se hicieron a espaldas de la Administración. El Ayuntamiento fue el primer sorprendido al leer las explicaciones de Portilla. «El uso de las fincas en las que se enclava la cueva se encuentra cedido a la Fundación Naturaleza y Hombre desde 2017, por un periodo de 25 años», reveló en su momento de este acuerdo sobre el que, según aseguran desde el equipo de gobierno, Portilla nunca notificó nada, «como era su obligación».

Más de dos años después de aquellas actuaciones irregulares, la información alrededor de estos trabajos escasea. A fin de aclarar la situación, el Ayuntamiento no solo se ha puesto ahora a disposición de la Justicia toda la documentación posible sino que viene siguiendo el rastro de estas obras desde hace meses -pidió el presupuesto y el acta de la reunión del día en que se decidieron acometer-. Las sospechas sobre el funcionamiento habitual de la Junta en los últimos años están ahí, y de hecho hay voces convencidas de que algunos papeles no aparecerán nunca, porque nunca existieron. «Era la forma de funcionar», han llegado a deslizar fuentes cercanas a Camargo.

Toda la Administración está pendiente de los resultados que ofrezca la investigación. Una vez esclarecidas las responsabilidades, el caso de El Juyo puede terminar con «multas coercitivas y también la restitución de la situación al estado inicial», como avanzó esta semana el vicepresidente Pablo Zuloaga.