El gobierno de Camargo, «tranquilo» ante la querella del jefe de bomberos

El equipo de Gobierno de Camargo (PSOE-PRC) ha expresado su «total tranquilidad» ante la noticia publicada ayer por El Diario en la que se informaba de que el jefe del Servicio de Extinción de Incendios del municipio (SEIC), José Gómez Liaño, se había querellado contra la alcaldesa, ocho concejales afines y el secretario municipal. El trabajador les acusa de un posible delito de prevaricación por revocar el acuerdo plenario en el que se admitió la recusación de la alcaldesa Esther Bolado (PSOE) para instruir tres expedientes disciplinarios incoados contra el trabajador.

No obstante, en el bipartito reiteran que se encuentra «tranquilos» ante cualquier nuevo procedimiento judicial que pueda iniciarse relacionado con este departamento, «como hemos hecho siempre en relación al SEIC a pesar del aluvión de demandas que el Ayuntamiento de Camargo ha recibido por parte de determinadas personas». Y es que en abril de 2017 -seis meses después de la puesta en marcha del parque profesional-, ya se superaban los 20 procesos judiciales abiertos y más de 35.000 euros en gastos jurídicos.

A pesar de esta situación, Bolado ha querido poner en valor el trabajo de los integrantes del SEIC y recordó que, este año, se ha dado «un paso más en la mejora de este servicio» con la creación de tres nuevas plazas de bombero y elevando hasta 17 el número de trabajadores para facilitar la prestación del servicio las 24 horas al día. Igualmente, subrayó que a lo largo de esta legislatura «se ha conseguido dotar al municipio de un parque de bomberos profesional con las máximas garantías».

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Héctor Lavín, señaló que «los integrantes del SEIC están accediendo a sus puestos de trabajo a través de oposiciones que se realizan bajo criterios de igualdad, capacidad, mérito y publicidad en el acceso a la función pública» y que «este equipo de Gobierno no ha permitido que nadie acceda a un puesto en el SEIC por la puerta de atrás».

Finalmente, los representantes municipales recordaron que, a lo largo de este proceso, «siempre se ha actuado de acuerdo a derecho en base a criterios jurídicos y no personales, siguiendo los informes de los técnicos municipales, cuya labor ha sido fundamental para poner en marcha el SEIC».

Sin embargo, el escenario de conflictividad entre Gobierno municipal y SEIC sigue ahí y es clave a la hora de enmarcar la querella admitida a trámite ahora. Con ocasión de los tres últimos expedientes, el jefe de los bomberos recusó a la alcaldesa, que gobierna en Camargo en coalición con el PRC (3 concejales), y acuerdos puntuales con IU (2 concejales) y Ganemos Camargo (1). Para abordar la recusación, se convocó un pleno el 1 de octubre de 2018 y, entonces, el afectado extendió la reprobación a todo el equipo de gobierno y al secretario municipal. Gracias a los votos de los 10 concejales del PP y a que la alcaldesa y los ediles de Recursos Humanos y de Servicios Públicos, Héctor Lavín y Ángel Gutiérrez, respectivamente, se abstuvieron por ser parte interesada, la recusación fue aprobada.

Según el escrito de acusación, la alcaldesa, el secretario municipal y el resto de los querellados intentaron «revertir la recusación de forma ilícita», para que Bolado pudiera nuevamente resolver los expedientes disciplinarios que ella misma había abierto al jefe de bomberos. Así, la alcaldesa recurrió el acuerdo del pleno que admitió su propia recusación y convocó de forma inmediata un pleno extraordinario. Para el querellante, esto supone cometer varias ilegalidades, porque ni las recusaciones pueden ser recurridas, ni siquiera se dio traslado del recurso al interesado y no se respetó el plazo legal para convocar el pleno. Finalmente, la sesión se celebró el 15 de octubre y la recusación fue anulada con el voto a favor de toda la corporación, excepto de la alcaldesa y los ediles Lavín y Gutiérrez.

El bipartito recordó también que la sentencia por la que el Consistorio se vio obligado a asumir como trabajadores a los integrantes de la antigua Agrupación de Voluntarios de Protección Civil fue recurrida por el anterior alcalde, Diego Movellán (PP), «que luego reconoció que ese recurso tenía como única finalidad ganar tiempo de cara a las elecciones de 2015 con el fin de evitarse que los problemas les salpicaran en plena campaña». «En contraposición a esta actitud huidiza y evasiva, fue este equipo de Gobierno el que tuvo que asumir esta responsabilidad».

También criticaron que «el PP no sólo fue el causante de esta situación por su inacción, sino que además en esta legislatura parece más preocupado por defender los intereses de unos pocos que los del conjunto de los vecinos de Camargo». «Sólo hay que ver cómo cada vez que se aborda en el pleno alguna cuestión relacionada con el SEIC, en el PP se empecinan en criticar el servicio actual, poner en duda la valía de sus integrantes y defender a quienes se vieron beneficiados por las políticas que ellos desde la Alcaldía llevaron a cabo en la pasada legislatura», sentenciaron.