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La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria ha solicitado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que «analice la posibilidad» de crear en el antiguo psiquiátrico de Parayas un complejo asistencial sanitario y residencial. El Ejecutivo regional respalda así ... al equipo de gobierno de Camargo, también bajo las siglas del PP, después de que el Pleno, con apoyo de PRC y Vox, decidiera dar la espalda al proyecto de que esas instalaciones acogieran un centro de refugiados, para lo que había consignados 25 millones de euros. Con ello, desde el Gobierno de Buruaga se da una respuesta al Ministerio que dirige Escrivá, desde donde se preguntó si seguía en pie la iniciativa tras el cambio de gobierno a la derecha, igual que se ha cuestionado a los Ayuntamientos de Logroño y Valladolid, que aún no se han pronunciado.
En un escrito remitido este viernes a la Secretaría de Estado de Migraciones, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, da respuesta al Ministerio en torno a la solicitud de contestación que este realizó el 14 de julio sobre si el Ejecutivo cántabro y la administración local, bajo un nuevo gobierno, tenían un posicionamiento distinto respecto al proyecto del centro de acogida ya iniciado. Pues bien, tras informar al Estado de que, conforme a la decisión del Pleno de Camargo del pasado miércoles, el municipio «no tiene voluntad» de seguir adelante con el centro de refugiados, le propone que esos terrenos se destinen a un uso residencial sociosanitario por responder «a una necesidad evidente puesta de manifiesto tanto por la administración municipal como por la autonómica».
De hecho, desde el departamento que gestiona Agüeros se resalta que, en caso de que fuera posible el cambio de uso, «por parte de esta Consejería no existiría inconveniente en continuar, tras realizar con carácter inmediato las modificaciones que sean necesarias, con el proyecto de segregación en los términos propuestos». Eso sí, el consejero también sugiere en su misiva que, en caso de que dicha modificación no fuera conveniente para el Ministerio, «por parte de la Comunidad Autónoma, y con las ayudas de financiación que resulten necesarias, se abordaría directamente el proyecto, revertiendo la cesión de uso actualmente existente».
En la misiva, el consejero también informó al Ministerio de que desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad se ha dado traslado de la necesidad de destinar esta propiedad a la «construcción de un centro de referencia nacional que dé respuesta integral a las necesidades de la población en el ámbito de la atención a la dependencia, la discapacidad, la salud mental o la soledad no deseada». Por último, Agüeros solicitó a la Secretaría de Estado que exprese su voluntad en torno a si decide asumir el nuevo proyecto.
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La misma carta que recibió el pasado 14 de julio el Gobierno de Cantabria la recibieron en los Ayuntamientos de Logroño y Valladolid, que igualmente tras las elecciones del 28M han cambiado sus gobiernos a la derecha (en caso de Logroño PP en solitario y de Valladolid PP-Vox), para conocer si seguían interesados en sus respectivos proyectos de crear centros de refugiados. Desde el ejecutivo de Buruaga han sido los primeros en posicionarse y declinar la propuesta, los otros dos todavía no han definido su postura y han pedido más información.
La construcción de estos centros forman parte del plan del Ministerio para ampliar con 5.700 nuevas camas la red de acogida para solicitantes de asilo (España es el segundo país comunitario con más peticiones de asilo). Un proyecto que ha sido comprometido con la Unión Europea en el marco de la inyección de los fondos europeos de recuperación por la pandemia. La inversión alcanza los 231 millones de euros.
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