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La Junta Vecinal de Igollo de Camargo cedió sin ningún permiso el uso de dos terrenos de la cueva de El Juyo y su entorno a la Fundación Naturaleza y Hombre (FNyH). Ocurrió en 2017 y a espaldas de los dos propietarios de estas fincas, ... el Ayuntamiento de Camargo y el Gobierno de Cantabria. Al año siguiente, cerca de octubre de 2018 y sobre esta misma superficie protegida, comenzaron las obras de «mejora» -como se proponía la Junta- en el acceso de la cavidad, la misma actuación que desde hace un mes se encuentra bajo la lupa de la Dirección General de Patrimonio. Desde entonces, un equipo de geólogos y expertos de la Universidad de Cantabria (UC) indaga los posibles daños de unas labores que, «sin licencia ni autorización», se acometieron a pocos metros de la gruta, cobijo de una amplia secuencia del Magdaleniense Inferior Cantábrico -de 16.500 a 14.000 años atrás- y, por ello, Bien de Interés General (BIC).
El Ayuntamiento de Camargo fue la primera institución sorprendida al conocer las explicaciones que la pedanía, dirigida entonces y ahora por Nieves Portilla (PP), alegó el día que estos trabajos se situaron bajo la lupa del Ejecutivo. «El uso de las fincas en las que se enclava la cueva se encuentra cedido a la Fundación Naturaleza y Hombre desde 2017, por un periodo de 25 años», reveló la Junta sobre este acuerdo que, según aseguran desde el equipo PSOE-PRC, Portilla no notificó en ningún momento, «como era su obligación».
Entre tanto, la Junta prefiere no hacer muchas declaraciones y esperar a los resultados que arrojen los informes de la UC. Sólo ha roto ese silencio una vez, y fue para responsabilizar a la Fundación Naturaleza y Hombre: si bien los populares reconocen que hubo conversaciones con la organización a fin de «realizar mejoras en el acceso a la cueva», atribuyen todas las competencias detrás de los trabajos a los conservacionistas. «Es la que valoró, diseñó y ejecutó la actuación a realizar y decidió con qué materiales ejecutarla sin que desde este colectivo se haya facturado nada a la pedanía por la realización de estos trabajos», apuntan, antes de reducir el papel de la pedanía a la adquisición y entrega de los materiales de construcción, «sin que exista otra participación en la realización de las obras, ni en la contratación de personal, ni en el alquiler de maquinaria, etc.».
La versión de la FNyH difiere en prácticamente todo. Reconoce que acometió los trabajos, sí, pero bajo el mandato de la Junta Vecinal. «En 2018, la Junta decide ejecutar varias acciones en el entorno de la cueva y nos pide colaboración para la primera de ellas, que es la mejora del camino», explica la organización naturalista, con 25 años de experiencia en tareas de conservación: «La Fundación, de buena voluntad, presta su apoyo asignando dos peones a la ejecución del trabajo promovido por la Junta, al margen del convenio firmado y los trabajos se hacen según los criterios dictados por la Junta y bajo su supervisión».
Dos años y medio después, la información alrededor de estos trabajos escasea. La Administración municipal, que sigue su rastro, ya le pidió a la entidad local el presupuesto y el acta de la reunión del día en que decidió acometer las labores, a petición de dos vocales de la Junta de Igollo, Manuel Cavero (PSOE) y Pilar Ojeda (Cs). Las sospechas están ahí, y de hecho hay voces convencidas de que esos papeles no aparecerán nunca, porque nunca existieron. «Era la forma de funcionar», deslizan esas fuentes.
Se ha hablado de «destrozo», de «atropello al patrimonio arqueológico»; otros, de «daños, sí, aunque sin exagerar». Lo cierto es que hasta que los informes encargados por el Gobierno no vean la luz -puede que la semana que viene- nadie salvo los expertos de la UC conocerá el impacto real de las obras de Igollo en los cursos de agua de El Juyo -preocupa el desvío del cauce natural de un arroyo que desciende por la colina y se adentra en la cavidad-.
Una de las responsables que espera noticias al respecto es la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, «preocupada» y deseando que el interior de la cueva no haya sufrido desperfectos. Ahora bien, «si los análisis determinan que sí se ha visto dañada y que las obras han provocado un corrimiento de tierras, estaríamos ante un caso muy grave de agresión al patrimonio arqueológico mundial y contra uno de los emblemas de nuestro municipio».
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