El jefe de los bomberos de Camargo se querella contra la alcaldesa y ocho concejales

El especialista sostiene que los querellados maniobraron para anular un acuerdo frente al que no cabía recurso alguno, y de este modo permitir que la alcaldesa pueda instruir los expedientes disciplinarios abiertos en agosto al jefe de los bomberos. La querella fue presentada el pasado mes de diciembre, pero no ha sido admitida a trámite hasta la semana pasada, después de la subsanación de defectos formales.

En el auto de admisión, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, Miguel Ángel Agüero, ordena al Ayuntamiento que aporte los vídeos de los plenos celebrados el 1 y 15 de octubre de 2018, en los que se debatió la recusación de la alcaldesa y la posterior revocación del acuerdo, así como los expedientes relativos a dichos acuerdos. Además, ha fijado una fianza de 6.000 euros para que el querellante pueda ser parte en el procedimiento, cantidad que Gómez Liaño ha depositado ya.

El jefe de los bomberos acusaba también al equipo de gobierno municipal de un posible delito de acoso laboral hacia los trabajadores del Servicio de Emergencias y, más en concreto, en la figura de su máximo responsable, que enumera hasta 20 actuaciones que formarían parte de esta acusación. Pero el magistrado inadmite esta parte de la querella, al considerar que «ninguna» de las actuaciones relatadas tienen encaje penal.

La querella es el corolario de una serie de desencuentros que nacieron cuando en 2014 el Juzgado de lo Social número 2 de Santander declaró a las 17 personas que formaban parte de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil como personal laboral del Ayuntamiento de Camargo. Para cuando la actual corporación municipal tomó posesión a mediados de 2015, la sentencia había sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. En diciembre de ese mismo año, el equipo de gobierno acordó el cierre del parque de emergencias de Camargo en el que prestaban servicio esos 17 trabajadores, así como la creación de un nuevo Servicio de Extinción de Incendios, con la consiguiente aprobación de la relación de puestos de trabajo en el mismo. El Ayuntamiento acordó entonces asignar temporalmente a esos 17 operarios a los nuevos puestos de trabajo creados, a pesar de que eran trabajadores indefinidos.

Esta situación ha tensionado las relaciones entre el equipo de gobierno y el colectivo, que acusa a la alcaldesa de querer prescindir de sus servicios a toda costa. Como consecuencia de este rifirrafe, los responsables municipales han abierto varios expedientes disciplinarios al jefe del servicio, que lleva expedientado desde el pasado mes de agosto.

En este escenario de conflictividad se enmarca la querella admitida a trámite a ahora. Con ocasión de los tres últimos expedientes, el jefe de los bomberos recusó a la alcaldesa, que gobierna en Camargo en coalición con el PRC (3 concejales), y acuerdos puntuales con IU (2 concejales) y Ganemos Camargo (1). Para abordar la recusación, se convocó un pleno el 1 de octubre de 2018 y, entonces, el afectado extendió la reprobación a todo el equipo de gobierno y al secretario municipal. Gracias a los votos de los 10 concejales del PP, y a que la alcaldesa Esther Bolado y los ediles de Recursos Humanos y de Servicios Públicos, Héctor Lavín y Ángel Gutiérrez, respectivamente, se abstuvieron por ser parte interesada, la recusación tuvo luz verde.

Pero, según el escrito de acusación, la alcaldesa y el secretario municipal «se concertaron» con el resto de los querellados para «revertir la recusación de forma ilícita», de manera que Bolado pudiera resolver los expedientes disciplinarios que ella misma había abierto al jefe de bomberos. Así, Bolado recurrió el acuerdo del Pleno que admitió su propia recusación y convocó de forma inmediata un Pleno extraordinario. El querellante sostiene que se cometieron varias ilegalidades, porque ni las recusaciones pueden ser recurridas, ni siquiera se dio traslado del recurso al interesado y no se respetó el plazo legal para convocar el pleno. La sesión extraordinaria se celebró el 15 de octubre y la recusación fue anulada con el voto a favor de toda la corporación, excepto de la alcaldesa y los ediles Lavín y Gutiérrez, después de que en medio de una fuerte bronca el grupo popular abandonará el Pleno. El jefe de bomberos señala al secretario municipal como «autor material e intelectual» de la estratagema puesta en marcha por la alcaldesa para recuperar sus competencias sobre los expedientes.