Un jurado popular decidirá sobre el caso del banco de alimentos de Camargo

El Juzgado de Instrucción número 4 de Santander ha emitido el auto, de fecha 6 de marzo, en el que se acuerda la incoación del procedimiento para que sea un jurado popular el que enjuicie el asunto, ya que la malversación es uno de los delitos que contempla la Ley para este tipo de tribunal.

Uno de los voluntarios de la plataforma de alimentos de Camargo investigados es Jimena González, exsecretaria del que fuera concejal de Asuntos Sociales, Marcelo Campos, y persona que se encargaba entonces del reparto de los vales de comida. El otro acusado es Javier Martínez, quien confesó ante el Consistorio que había usado en su propio beneficio y en el de la otra voluntaria (Jimena González) varios tiques sociales e incluso llegó a relatar que con esos tiques adquirieron productos que posteriormente consumieron en un camping para una barbacoa.

Este juzgado inició diligencias tras las denuncias del concejal de IU Jorge Crespo y del Consistorio y en enero de 2017 ya se refirió a un «importante» descuadre entre los vales emitidos en septiembre de 2016 y los eventuales beneficiarios y a su presunta apropiación para realizar «una barbacoa en una fiesta particular» en Valderrebible.

Aquellas denuncias dieron lugar a tres procedimientos: el actual sobre el uso inadecuado de los vales de comida, otro, ya sobreseído, porque los implicados devolvieron y justificaron el dinero reclamado, y un tercero, por la venta de unos palés de la plataforma de alimentos que finalizó con una sentencia absolutoria.

Respecto a la gestión de los vales de comida es el único de los delitos que se sigue investigando y, según explica el juez, está atribuido a la competencia del Tribunal del Jurado, dado que los hechos investigados sólo pueden considerarse como un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Y es que, tal y como recoge el auto, los vales de comida, expedidos por el Ayuntamiento de Camargo y que se canjeaban en un supermercado del municipio, eran «objetivamente patrimonio público», con partidas específicas en el presupuesto municipal.

A lo que añade que, aunque los dos voluntarios no son funcionarios públicos y uno de ellos era personal contratado por el Consistorio como cargo de confianza del entonces edil de Asuntos Sociales, ambos se hallaban encargados de «fondos, rentas o efectos de las administraciones públicas», en este caso, los vales de alimentos.

El juez, que recuerda que no existía una normativa municipal reguladora de la entrega de vales, también entiende que González realizaba funciones de supervisión en su reparto, delegadas por el concejal de área y que ejercía como «una especie de jefa de voluntarios».

Asimismo señala que será en la instrucción posterior el momento de determinar si el valor de los vales objeto de apropiación, con los que los investigados realizaron una comida en un camping de Valderredible, asciende únicamente a 270 euros o, además, le es atribuible el desfase señalado por el Consistorio por un importe de 1.100 euros.

Tras recoger diversos testimonios, incluido el de un trabajador del cámping o el del otro voluntario investigado, Javier Martínez, que reconoce los hechos que se le imputan, el juez resalta que en la contabilidad municipal consta el gasto de 1.143 bonos o vales de comida cuando los usuarios reales censados fueron 983.

A ello, suma que es «objetivo» hablar de un desfase y que en las tres primeras entregas de vales no había ninguno hasta que en la cuarta «se aprecia objetivamente» y que hay un testimonio que asegura que uno de los voluntarios daba estas ayudas a personas que no son usuarias del sistema «sin hacerles firmar en lugar alguno».

El juez apunta que la fase posterior de instrucción que tiene el procedimiento de Jurado y, en su caso, el acto del juicio, será la que concrete si los hechos responden a «una pésima gestión» por parte de los encargados del sistema o a «un exceso manifiesto» en el patrimonio público con trascendencia penal por haber aplicado «conscientemente» los vales a fines distintos a los que estaban establecidos.

Esta resolución no es firme y ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Cantabria por uno de los dos investigados.