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Han pasado más de dos semanas desde que la Dirección General de Patrimonio apuntó a unas obras «sin licencia ni autorización» de la Junta Vecinal de Igollo como causa de una posible alteración en la cueva prehistórica de El Juyo -considerada Bien de Interés ... General (BIC) por su amplia secuencia del Magdaleniense Inferior Cantábrico, de entre 16.500 a 14.000 años de antigüedad-. Los informes geológicos que el Gobierno regional ha encomendado a la Universidad de Cantabria aún no arrojan respuestas claras, pero entre tanto los responsables públicos no dejan de mostrar su desazón.
Esa es la palabra que eligió, entre otras, la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, para referirse ayer al asunto del que todos hablan desde que la polémica obra impulsada desde la pedanía gobernada por Nieves Portilla -y ejecutada por la organización conservacionista Fundación Naturaleza y Hombre- quedó bajo la lupa de Patrimonio. Mientras la Dirección General trabaja en estas indagaciones, «desde alcaldía estamos muy atentos a todo lo que está ocurriendo y estamos pendientes de las conclusiones de los informes sobre las consecuencias de estas obras que carecían de los permisos municipales necesarios», recalcó Bolado, antes de mostrar su «enorme preocupación» por el estado de esta cavidad, aún pendiente de la valoración de los expertos.
Sobre el resultado de estos estudios, la alcaldesa se puso en los dos escenarios posibles: por un lado confía en que el impacto de las labores haya sido mínimo y mantiene la «esperanza de que el interior de la cueva no haya sufrido desperfectos»; por el otro, en cambio, y «si los análisis determinan que la cavidad se ha visto dañada y que las obras llevadas a cabo sin permiso han provocado un corrimiento de tierras que ha afectado al interior, estaríamos asistiendo a un caso muy grave de agresión al patrimonio arqueológico mundial y contra uno de los emblemas de nuestro municipio», como señaló, antes de tasar la importancia de esta gruta como «uno de los más valiosos testimonios del arte rupestre paleolítico existentes en la península ibérica».
Y así como han pasado dos semanas desde que el Gobierno puso en el punto de mira las obras de la pedanía -Patrimonio ya comenzó a indagar sobre la causa del argayo y un nuevo soplao a inicios de 2021- el origen de este asunto se remonta a 2018, cuando la Junta Vecinal de Igollo de Camargo y la Fundación Naturaleza y Hombre «iniciaron conversaciones» con el objetivo de realizar «mejoras en el acceso a la cueva», como revelaba la pedanía este pasado viernes.
Los entrecomillados a partir de aquí son importantes porque las versiones de una y otra parte difieren sensiblemente. La agrupación naturalista, sin ir más lejos, asegura que es la Junta la que «decide ejecutar varias acciones en el entorno de la cueva y nos pide colaboración para la primera de ellas que es la mejora del camino». Opuestamente a los populares, que aseguraron que fue la FNyH la que «valoró, diseñó y ejecutó la actuación», la organización conservacionista insiste en lo contrario: «No es la promotora ni la propietaria de los terrenos y por tanto no es la responsable de la solicitud de las licencias necesarias».
Todos estos detalles quiere esclarecer cuanto antes el Ayuntamiento, que solicitó las copias del presupuesto y el acta de la reunión de la Junta del día en que se decidió acometer los trabajos, a petición de dos vocales de la Junta de Igollo, Manuel Cavero (PSOE) y Pilar Ojeda (Cs).
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