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El Pleno del Ayuntamiento de Camargo aprobó este jueves dos procedimientos de resolución de la omisión de fiscalización de facturas, uno relativo a los trabajos de asfaltos y servicios y otro a los de ingeniería y transportes auxiliares. Dos trámites que permitirán autorizar y dar ... disposición al Consistorio para proceder al pago de las facturas mensuales de las empresas adjudicatarias de los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras, dado que ambos contratos «están caducados y sin renovar desde el 2016».
«Por falta de gestión del anterior equipo de Gobierno, este nuevo, junto con los servicios de intervención, ha decidido poner en marcha este procedimiento para pagar los servicios y no perjudicar a los trabajadores de la empresa», aseguró el alcalde, Diego Movellán, en nota de prensa.
En el Pleno, ambos trámites permitieron levantar los reparos de intervención, por los que gracias a su aprobación se podrán abonar los 103.558 euros de agosto y 108.955 euros de septiembre en concepto de indemnización a la empresa que ha prestado trabajos en asfaltos y servicios y 251.346 euros a la de limpieza viaria.
Durante la sesión, el concejal del PRC, Eugenio Gómez, recordó que el pasado 18 de enero se aprobó la rescisión del contrato y el 28 de abril, la devolución de la fianza, el «carpetazo» definitivo al proceso de adjudicación del contrato de recogida de basuras y limpieza viaria. Un contrato que sembró la discordia entre los socios PSOE y PRC del anterior gobierno municipal. Como el asunto desembocó en la promesa para la elaboración de un nuevo pliego, el regionalista aseguró que tras estos seis meses, aún «no se sabe nada del nuevo contrato» y, por ello, instó al equipo de gobierno a que lo lleve a cabo para evitar que los trabajadores sean «los paganos».
De su lado, el portavoz de Vox, Javier Barrón, aseguró que su grupo está de acuerdo en el pago de las facturas y que entiende que es una «herencia» del anterior gobierno, pero «nos gustaría que los pagos fueran más al día».
La líder del PSOE, Esther Bolado, puso de manifiesto que «al final son dos reparos que hay que levantar» y «entiendo que las empresas cobran en tiempo y forma». «Entendemos que sea el Pleno el que tenga que levantar estos reparos y que lleguen cada mes el pago de las facturas».
Por su parte, el portavoz del PP, Amancio Bárcena, aseguró que este trámite se debe a que la interventora «entiende que no se ha cumplido con el procedimiento», lo que seguirá siendo así mientras no se resuelva el contrato. «Estamos trabajando en ello», respondió el popular, que aseguró que se tiene previsto sacar un contrato distinto al que motivó la polémica en la legislatura pasada y, para ello, «tenemos que contar con personal externo» ya que, en esto momentos, el Ayuntamiento tiene «falta de personal cualificado para sacarlo adelante». «Lo cual nos llevará en un tiempo», advirtió.
Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Camargo aprobó este jueves por unanimidad las bases y convocatoria de subvenciones para los desplazamientos a centros docentes universitarios de los estudiantes del valle, una convocatoria para la que se destinarán 70.000 euros.
En todo caso, la subvención máxima a conceder de forma individual no podrá exceder la cantidad de 350 euros por solicitud, ha indicado Movellán, quien ha señalado que esta partida va a suponer «una gran ayuda» para los estudiantes camargueses, porque va a sufragar «buena parte de los desplazamientos al centro universitario».
Asimismo, el Pleno dejó sobre la mesa la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del canon por construcciones en el suelo rústico, después de que, como indicó el alcalde, Diego Movellán, «el Gobierno de Cantabria haya anunciado que va a eliminar el canon» con la reforma de la ley del suelo. Este punto fue aprobado por el PP, ya que PSOE, PRC y Vox se abstuvieron. «No tendría sentido aprobar un canon, que el propio Ejecutivo regional va a eliminar en las próximas semanas», ha añadido el alcalde, quien ha apuntado que están «a la espera del Gobierno de Cantabria».
Además, se ha aprobado, por unanimidad, la puesta en marcha de una segunda edición de la Escuela de Talento Joven, en la que el Ayuntamiento oferta un programa que tendrá 18 meses de duración, y en el que después de la formación correspondiente, los alumnos obtendrán un certificado de Profesionalidad de nivel dos de horticultura y floricultura.
La Escuela de Talento Joven se divide en dos fases, una primera de formación, que tiene una duración de seis meses y en la que los alumnos reciben una beca por día asistido, y una segunda en la que son contratados por un tiempo de doce meses, como trabajadores del Ayuntamiento de Camargo percibiendo el salario mínimo interprofesional.
Así, dentro de este proyecto se ha aprobado la incorporación a la plantilla municipal como interinos por programa a tres personas, ocupando los puestos de docente, coordinador y administrador. Un contrato, que estará vinculado a la duración de la Escuela de Talento Joven.
En otro orden de cosas, durante el pleno, el Ayuntamiento de Camargo ha mostrado su «total rechazo» a la amnistía de los independentistas condenados por el Proceso soberanista de Cataluña y ha pedido que «se cumpla la Constitución», al considerar que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular.
Todos los partidos del Consistorio, a excepción del PSOE, han aprobado la moción del PP en la que, además, se animaba a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado, para «evitar que España se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas».
También se ha incorporado a la moción del PP, una enmienda del grupo regionalista en la que se rechazaba cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado y en la que se reflejaba un modelo de financiación autonómico que garantice los principios de «igualdad y solidaridad» entre los territorios nacionales.
El portavoz del PP, Amancio Bárcena, ha señalado que una posible amnistía «atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho», como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica.
«Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano», ha dicho al respecto.
Bárcena ha recordado que en 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional y que el Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación.
«Algunos de sus principales responsables huyeron al extranjero, y desde entonces, tratan de evitar la acción de los Tribunales españoles y europeos», ha continuado Bárcena, quien ha subrayado que Pedro Sánchez, «en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno», se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley para una amnistía.
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