Patrimonio impone sanciones por las obras ilegales del Juyo

La propuesta de resolución del organismo dependiente del Gobierno de Cantabria fue emitida el 11 de mayo de 2023 y notificada a las partes al día siguiente. Tanto Junta Vecinal como la Fundación presentaron alegaciones (la primera el 25 de mayo y, la segunda, el pasado 5 de junio) que no han terminado prosperando según recoge la resolución. Según constata el dictamen de Patrimonio entre otras consideraciones, las obras «carecen de autorización y se han ejecutado sin ningún tipo de prevención arqueológica», al mismo tiempo que han alterado «el flujo natural del agua que circula por la zona afectada». Por ello, se establece una sanción «grave» ante la ausencia de autorización por parte de Patrimonio con el que se pone fin a un caso que ha venido ocupando titulares en estos últimos años.

La directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica acordó el 29 de junio de 2022 iniciar el procedimiento sancionador contra la Junta Vecinal de Igollo y la Fundación Naturaleza y Hombre como consecuencia del impacto de las obras acometidas en el entorno de la Cueva de El Juyo, sin la preceptiva autorización administrativa.

Pues bien, según recoge el informe perceptivo, las actuaciones de las que se responsabilizaba a ambas entidades habían alterado el régimen hidrológico e hidrogeológico de El Juyo, cueva protegida como Bien de Interés Cultural, porque se había destruido parte del patrimonio arqueológico que pudiera existir en la zona, lo que imposibilitaba su investigación.

Fue antes, en 2017, cuando la Junta Vecinal de Igollo y la Fundación Naturaleza y Hombre habían suscrito un convenio de colaboración para intervenir, entre otros lugares, en las parcelas número 31 y 32 del paraje de El Juyo. Lo que se determinó es que si bien las obras acometidas no coincidían con las acordadas en el citado convenio, Patrimonio descartaba que se hubiera actuado sin el conocimiento de la Junta Vecinal y de la Fundación a la vista de los compromisos asumidos, considerando probable que hubieran sido los ejecutores de la obra. Asimismo, Patrimonio ya advirtió de una serie de similitudes entre la obra de menor envergadura autorizada en 2014 y que finalmente no fue ejecutada, con instrucciones organizativas y de coordinación de la Fundación en la elaboración de la Memoria Técnica Valorada de Restauración Ambiental del entorno de la cueva, y la que efectivamente se realizó en 2017 y 2018.

La ausencia de una autorización por parte de la Administración autonómica competente en materia de Patrimonio Cultural, dejaba fuera el probable seguimiento arqueológico que hubiera sido necesario, lo que constituía, en sí mismo, una infracción administrativa grave. La apertura del procedimiento, frente al que no cabe la interposición de recurso alguno, implicaba una sanción de 10.000 euros para ambas partes.

Ahora, conforme a la resolución a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, esta sanción se eleva a efectiva, aunque ninguna de las partes han querido mostrar su parecer al respecto. Ayer, el alcalde de Camargo, Diego Movellán, declinó hacer declaraciones también sobre el asunto. Por este silencio también optó la Fundación Naturaleza y Hombre. En su momento, cuando esta polémica obra saltó a la opinión pública, la Junta Vecinal de Igollo sí vertió opiniones al respecto, asegurando que la situación «no tiene razón de ser y es demencial».