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El futuro Plan General de Ordenación Urbana de Camargo (PGOU) continuará estableciendo un uso puramente deportivo para los terrenos del antiguo Club Deportivo Parayas, en ... el Alto Maliaño, cerrado definitivamente en noviembre de 2018 y actualmente bajo el dominio de la sociedad Jara Inversiones, que pagó 2 millones de euros -300.000 euros más que el grupo Pitma-. El Ayuntamiento de Camargo descarta así modificar el planeamiento en estas 10 hectáreas de terreno. No cabe promoción inmobiliaria, ni residencia geriátrica, ni hoteles. Los terrenos del Club Parayas seguirán destinados a la práctica deportiva, como en los años dorados de la sociedad, que llegó a contar con hasta 20.000 socios acumulados antes de verse obligada a echar el cierre definitivo por culpa de las deudas, en noviembre de 2018. Desde entonces, sus nuevos propietarios han preferido mantener sus planes con discreción. «No hay un plan preestablecido», comunicaron fuentes cercanas a este periódico cuando la empresa, radicada en Heras, Medio Cudeyo, se hizo con la emblemática propiedad.
El futuro del antiguo Club Parayas es uno de los grandes asuntos que el Plan General de Camargo dejará bien atado en cuando salga aprobado esta legislatura, antes de 2023 -como tarde-. Ese al menos es el objetivo del Ayuntamiento, empeñado en dejar atrás el plan vigente desde 1988 y renovar de una vez por todas el «importante proyecto» que supone el PGOU, sin revisar desde hace 33 años y que, aunque acordado por la mayoría de grupos políticos en un pleno municipal con fecha del 11 de marzo de 2019, aún está sin renovar de forma definitiva.
El uso de determinadas áreas, la construcción de vivienda nueva, los proyectos e inversiones empresariales que puedan llegar a Camargo en un futuro. Todo eso estará sujeto a los criterios del Plan General, el instrumento legal que enmarca las reglas de juego a la hora de utilizar el suelo del municipio, de unos 36 kilómetros cuadrados aproximadamente.
Y si bien se trata de un documento netamente municipal, la renovación del PGOU es un proceso que incumbe también al Gobierno de Cantabria. De hecho es así desde hace cerca de dos años. La Consejería de Obras Públicas se encuentra inmersa en esa tarea, ahora mismo en la evaluación ambiental del planeamiento urbanístico, a través de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), el órgano consultivo de la administración cántabra en esta materia.
Empeñado en dejar atrás el plan vigente de 1988, el equipo de gobierno actual (PSOE-PRC) sigue pendiente del Ejecutivo para sacar el proyecto adelante. Salvando esta espera, no quedaría tanto para poder llegar a meta antes de 2023. Desde el momento en que la Crotu devuelva el documento a Camargo, bastará con «aprobarlo provisionalmente y dar a continuación los siguientes pasos para tenerlo aprobado en esta legislatura», según avanzan desde el propio Ayuntamiento.
Una de las pruebas más explícitas de las ganas del equipo municipal de finiquitar su nuevo manual urbanístico es el hecho de que retomara el proyecto encarrilado por el Partido Popular en cuanto llegó al poder. Objetivo: «No perder más tiempo» y dejar atrás un plan «completamente obsoleto» que no permite crecer «por ningún lado», como valoró el Ayuntamiento ya en febrero de 2019, un mes antes de que el Consistorio lo debatiera y pusiera en común en dicho Pleno.
Intrahistorias al margen, en Muriedas ya han dado algunas pistas de cómo será este marco reglamentario. Ya entonces, la Comisión de Urbanismo que debatió sus detalles en el Consistorio lo definió como un Plan especialmente sensible hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental del territorio -una parte de su redacción siguió los criterios de un informe específico sobre este tema-. Según avanzó el núcleo del gobierno entonces, el nuevo Plan habría nacido con una máxima grabada en la frente: consumir «los recursos mínimos» del municipio. En este caso, el suelo.
Para muestra de esa «especial sensibilidad», la hoja de ruta urbanística de Camargo contempla hasta un 60,5% de su geografía como suelo rústico de especial protección y otro 9,4% como suelo rústico de protección ordinaria. En suma, los terrenos protegidos significan casi un 70% del total, es decir, que el desarrollo urbanístico propiamente dicho se llevará a cabo en el 30% de terreno restante, en 11 de los 36 kilómetros cuadrados que abarca el valle.
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