El Tribunal Superior estima improcedente el despido de un bombero de Camargo

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha fallado a favor de un extrabajador del Parque de Bomberos de Camargo que fue despedido por el Ayuntamiento en agosto de 2018. La sentencia del magistrado, que todavía no es firme y aún deja margen para un posible recurso de casación por parte del Consistorio, estima que el cese de este bombero -antiguo cabo conductor del cuerpo- fue improcedente, por lo que condena a la administración municipal a alguna de estas dos opciones: o lo readmite en las mismas condiciones en las que estaba trabajando antes de la extinción del contrato, incluido el pago del salario que ha dejado de percibir desde entonces; o bien, deberá indemnizarlo con 16.578 euros. El primer teniente de alcalde y concejal de Economía, Héctor Lavín, ya lamentó el mes pasado los «muchos miles de euros» que estos gastos procesales están significando para las arcas municipales. Ahora, el responsable estudia junto al equipo de gobierno la posibilidad de interponer recurso contra la sentencia.

El primer requerimiento en relación a este caso concreto llegó al buzón del Ayuntamiento el 23 de abril de este año. Ese día, el que desde el año 2001 hasta hace unos pocos meses había sido cabo conductor del Servicio de Extinción de Incendios en el Parque de Camargo demandó al municipio por la forma en que había sido despedido. Los argumentos de su defensa fueron claros: el Ayuntamiento lo había tratado -a él y a más de una decena de profesionales en esa situación- como a un empleado «en situación interina», cuando en realidad se trataba de personal laboral indefinido no fijo.

Para entonces, el Consistorio local trataba de pasar página con un nuevo equipo, dotado con trece nuevas incorporaciones y con mejoras para el servicio. Publicó una oferta de empleo, cubrió las plazas con un nuevo Suboficial del Servicio de Extinción de Incendios de Camargo (SEIC), un nuevo cabo conductor y once bomberos conductores. Luego pasó a la siguiente fase: prescindir de los servicios del demandante, el que fuera el anterior cabo conductor de las brigadas antincendios.

El Tribunal Superior de Justicia autonómico le ha dado la razón esta semana con una sentencia que desde ayer ya están examinando los servicios jurídicos de la Administración camarguesa. En su mano está presentar o no un recurso de casación para darle la vuelta al proceso. De momento el primer teniente de alcalde y concejal de Economía quiere mantener la prudencia, y por eso prefirió no desvelar la estrategia que seguirá el Consistorio en las próximas semanas. Aseguró, eso sí, que tomarán medidas: «Los servicios jurídicos del Ayuntamiento van a estudiar la sentencia, y en base a ello se actuará, por lo que aún es pronto para realizar una valoración».

Es un capítulo más de uno de los conflictos más enquistados de los últimos años. La inauguración del nuevo Servicio de Extinción de Incendios no ha ayudado a hacer borrón y cuenta nueva. Es difícil con las decenas de procesos judiciales y miles de euros públicos invertidos desde que el problema se desató en 2013, concretamente el día que una Inspección de Trabajo acudió por primera vez al Polígono de Trascueto para comprobar las condiciones en las que los efectivos desarrollaban su actividad en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Puede que ese fuera el primer capítulo, pero el prólogo de este encontronazo ya estaba escrito desde el 2000, año en que Camargo puso en marcha el servicio de voluntarios -inicialmente sin remunerar- que acabó en el Tribunal Supremo, lo que terminó con una sentencia que obligó al Ayuntamiento a contratar como personal indefinido no fijo a 17 de aquellos efectivos de la agrupación municipal.

Y de aquellos polvos, estos lodos. Porque no es el único proceso que hay en marcha. La problemática del equipo de gobierno con los que fueran sus efectivos de bomberos sigue coleando a día de hoy. Año tras año. Esta misma semana se han celebrado otros juicios enmarcados en la misma polémica de despidos, el que sufrieron esos mismos extrabajadores, pero de momento han quedado suspendidos.