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Sheila Izquierdo
Camargo
Viernes, 5 de agosto 2022, 13:06
El pulso político sigue tensando la fina cuerda del pacto que une a socialistas y regionalistas en el Ayuntamiento de Camargo. Según anunciaron hoy la secretaria general de Comité Local del PRC, Rosa Valdés, y su compañero de partido y concejal, Eugenio Gómez, los regionalistas ... repetirán en el próximo Pleno su voto en contra a la propuesta de adjudicación del contrato de basuras a la empresa Urbaser. Con ello, dejarán a sus socios socialistas sin la posibilidad de que, como equipo de gobierno, pueda prosperar la adjudicación, apretando el bloqueo político a la alcaldesa, Esther Bolado, a quien acusaron de «falta de transparencia» y de haber «influido» en el procedimiento.
«Lo que tenemos muy claro es que, el PSOE de Camargo, con Esther al frente, está rompiendo el pacto de gobierno», afirmó la secretaria general regionalista, que fue preguntada expresamente por si, desde el seno regionalista y tras las acusaciones dirigidas a la regidora, se va a motivar una ruptura del gobierno en coalición. Valdés afirmó que, desde sus filas, lo que sí se va a organizar es una comisión de seguimiento para «evaluar el pacto» y valorar «la continuidad del equipo de gobierno». Un proceso que por su parte ya abrió el PSOE hace unas semanas y que no desencadenó en cambio político alguno. «La alcaldesa tendrá que explicar cómo va a sostener el gobierno con esos concejales a los que llama desleales», sentenció Valdés.
La secretaria general del Comité Local y el concejal regionalista convocaron una rueda de prensa esta mañana para dar a conocer la postura que su grupo adoptará en el Pleno que volverá a llevar a votación la propuesta de adjudicación del contrato de basuras. Y comparecieron ante los medios el mismo día que registraron en el Ayuntamiento el cese de Héctor Lavín como portavoz del PRC.
«A raíz de los últimos acontecimientos y de las desafortunadas declaraciones» de la alcaldesa de Camargo -comenzó Valdés-, el grupo municipal del PRC «votará no» a la adjudicación de la propuesta de adjudicación de un contrato, dijo, cuyo futuro «está por escribir».
Durante su intervención, Valdés dejó claro que se trata de «una decisión de partido» y que, por tanto, «los cuatro concejales deberán acatar esta decisión». La secretaria general especificó que en el Pleno extraordinario que volverá a someter a votación la adjudicación, ya no existirá esa «libertad de voto» que -justificó- sí permitió al portavoz regionalista, Héctor Lavín, votar a favor en el Pleno del pasado mes de junio. Ahora, los cuatro concejales regionalistas que forman parte del gobierno en coalición «deberán» votar en contra. Tendrán que ir a una. «Y no esperamos» que haya un voto en otro sentido, enfatizó la secretaria general. «Nuestros motivos para no aceptar son claros y reprochables», añadió Valdés quien se apoyó en la «falta de transparencia» que ha acompañado a este proceso y «lo imprudente» de dar el voto a favor «en vista de cómo se ha tramitado el expediente».
Por su parte, Gómez explicó las motivaciones del PRC para volver a oponerse a la adjudicación del contrato y, con ello, a su socio en el equipo de gobierno. Habló del «cúmulo de incidencias», de un servicio «muy sensible» y de la necesidad de garantizar la prestación de un servicio, mientras no se resuelva la situación del contrato. Un
Gómez especificó que, por un lado, los informes de los técnicos municipales, en concreto de la interventora y del jefe de servicio, «no se han tenido en cuenta en todo el proceso» y, por tanto, «no es cierto que el expediente cuente con todos los informes favorables».
Además, el concejal subrayó que se «interfirió» en el proceso, ya que se realizaron reuniones «dejando afuera al secretario» y se solicitó, mediante un contrato menor, los servicio de una empresa externa para que realizara un informe que terminó siendo determinante en el procedimiento y que desencadenó una valoración «distinta» a la de la mesa.
Gómez también insinuó que existen «vínculos» con la empresa y, por tanto, un «conflicto de intereses» que hacen generar una serie de «dudas fundadas».
Para finalizar, Valdés y Gómez arremetieron contra la regidora, a quien acusaron de haber realizado «una dejación absoluta» de su deber al frente de la Alcaldía, al defender la postura de una empresa, frente al voto mayoritario del Pleno. Respecto a la situación actual del servicio, aseguraron que este contrato lleva pendiente de adjudicación desde 2014, cuando entonces eran los populares los que estaban al frente de la Alcaldía. «No es un tema nuevo», especificó Valdés, y la «máxima responsabilidad» recae sobre Bolado.
Por su parte, la alcaldesa de Camargo se mostró «tranquila» ante las insinuaciones y acusaciones de los regionalistas y aseguró que «puedo demostrar todo lo que digo con papeles». Bolado desmintió a los regionalistas asegurando que «yo no oculto información a nadie, el video público del Pleno está en la web» y «no hay ningún informe desfavorable». En este sentido aseguró que el único informe «vinculante» es el del secretario municipal y «desmonta las apreciacione personales que han dejado por escrito tanto el jefe de obra como la interventora».
Por otro lado, la socialista cuestionó a los regionalistas por no dejar hablar al portavoz de la mesa y concejal de Hacienda, Héctor Lavín. «Por qué no le dejan hablar. Él tiene mucho más que decir que yo en este sentido, porque es él quien ha trabajado en este asunto y yo no he intervenido para nada».
Respecto al bloqueo del contrato, la regidora municipal insistió en que «si la empresa exige responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento, iré contra los concejales que han votado que no».
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