Dos años de cárcel al exedil de Obras de Reinosa por apropiarse de 23.393 euros del Ayuntamiento

En una sentencia notificada este viernes y contra la que cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJC), el magistrado presidente del tribunal del jurado, Agustín Alonso, le impone, además, una pena de cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

A la hora de fijar la pena, el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha tenido en cuenta la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, mientras que en concepto de responsabilidad civil ha condenado al acusado al pago de una indemnización al Ayuntamiento de Reinosa de los 23.393 euros que se apropió.

Por otro lado, el magistrado absuelve al exconcejal del delito de falsedad en documento mercantil de acuerdo con el veredicto del jurado, que lo consideró no culpable de este tipo penal, y en la línea de la calificación final de la Fiscalía, que únicamente reclamó dos años y medio por el delito de malversación.

Según recoge la sentencia, ha quedado probado que el acusado ofreció a dos hermanos adjudicarles trabajos de obra del Ayuntamiento de Reinosa, para lo que era necesario «que estos abrieran una cuenta corriente en la que ellos figuraran como titulares y él como disponente» y de esta forma «él se encargaría de gestionar los pagos que aquellos tuvieran que hacer». Además, «con carácter previo o simultáneo a la ejecución de los trabajos, el acusado había realizado distintos préstamos a los hermanos, que le iban siendo devueltos a medida que recibieron los pagos por los trabajos ejecutados para el municipio».

A lo largo de 2011 y 2012, los hermanos presentaron al Ayuntamiento una serie de facturas, «que llegaron al acusado, quien las firmó y llevó a intervención para su registro y pago», ingresándose sus importes en la cuenta bancaria de aquellos.

Posteriormente, una vez se recibían los ingresos en esa cuenta, «se hacían las transferencias de forma inmediata a favor de cuentas corrientes bancarias de titularidad del acusado». «En total, se ingresaron de este modo en la cuenta corriente de los hermanos 23.393,69 euros procedentes de las arcas públicas del Ayuntamiento de Reinosa, que el acusado incorporó definitivamente a su patrimonio», añade la sentencia, que, en cambio, apunta que no se ha probado que los hermanos ejecutaran la totalidad de los trabajos y tampoco que la persona que elaboró las facturas fuera el acusado.

Según defendió el acusado, las transferencias realizadas desde la cuenta de los hermanos a su cuenta respondían a la devolución del préstamo de 10.000 euros que este les había realizado. Sin embargo, el dinero transferido por el Ayuntamiento de Reinosa a la cuenta asciende a 23.393 euros y el total de disposiciones de la misma a favor del acusado, a 42.627 euros. «Si el préstamo documentado ascendía a 10.000 euros es evidente que existe una diferencia que no se explica», señala el magistrado, para quien «no cuadran las cuentas».

Según el presidente del tribunal, el acusado ha utilizado la cuenta corriente que concertó con los hermanos para desviar a ella los pagos efectuados por el Ayuntamiento, lograr que dicho dinero entrara en una cuenta en la que él mismo disponía y, haciendo creer que con el dinero transferido por la Corporación satisfacía un préstamo hecho en su día a los hermanos. «Se benefició del dinero desviado, mezclando el dinero de pagos del Ayuntamiento de Reinosa (público) con movimientos de sus cuentas privadas (familia, otras empresas…)».

Además, el magistrado concluye que el acusado, en su condición de edil de Obras y Servicios, «articuló un medio para lucrarse con el dinero que, autorizado por él mismo, salió de las arcas municipales en dirección a una cuenta en la que él mismo estaba autorizado para disponer –con la anuencia de los titulares– y que, en virtud de tal autorización, terminó, en todo o en parte, en su propio patrimonio». En definitiva, «hizo un uso abusivo de la autorización que los hermanos le dieron, y eso para el jurado es una forma de malversar caudales públicos».