«Nuestras casas no son un peligro, lo es la gestión del Ayuntamiento de Reinosa»

Los vecinos afectados por la orden de derribo de los cuatro edificios desalojados en el centro de Reinosa mostraban ayer su indignación por esta situación. Una de ellos, Esther García, en nombre de todos, la calificaba de «un problema social, que no sólo afecta a nuestros edificios sino también a otros tantos de Reinosa y cada día serán más». Consideran que «el Ayuntamiento tiene la obligación y la responsabilidad de dar respuesta y soluciones a los vecinos, no puede trasladarnos esa responsabilidad sobre todo cuando el origen del problema está en terreno público tal como indican los técnicos».

La orden de derribo afecta a los edificios número 34 y 36 de la avenida del Puente de Carlos III y del número 2 de la calle Torres Quevedo y al anexo a la Casa de los Cossío. Son casi una veintena de familias y negocios afectados por esta situación. «Nos han arruinado las casas y la vida, y nadie nos da soluciones. Ni siquiera los servicios sociales se han interesado por la situación en que deja esta orden a los vecinos», explica la afectada. Muchas son las historias humanas que se ciernen sobre esta situación, «vecinos que de la noche a la mañana nos vemos en la calle; unos teniendo que pagar un alquiler a la vez que la hipoteca de una casa que quieren derribar, otros han tenido que buscar refugio en casas de familiares y amigos, los hay que se han ido a la calle teniendo que cerrar negocios con más de cuarenta años de actividad, abuelos que no pueden disfrutar de su casa viendo crecer a sus nietos y que se ven forzados a abandonar los hogares que con tanto mimo cuidaron, personas que se van al paro y un largo etcétera. Esa es nuestra desesperada situación ante esta injusticia clamorosa», argumenta la afectada en nombre los vecinos.

Se quejan los afectados de que «la única respuesta del Ayuntamiento ha sido no contestar a sus reclamaciones y emitir una orden de derribo sin ni siquiera visitar los edificios para conocer su estado real, desoyendo las recomendaciones de los informes técnicos de realizar un seguimiento».

Su abogado, Francisco Javier Díaz Aparicio, añade que «un problema de infortunio social no se puede resolver por silencio administrativo. No sólo hay obligación de contestar si no de dar soluciones». Los afectados han iniciado una campaña de firmas para paralizar esta orden municipal bajo la etiqueta #Vidas derribadas. «Queremos agradecer el apoyo que estamos recibiendo de tanta y tanta gente. Nos transmiten su comprensión, siendo conscientes de esta gran injusticia y de que el problema se está extendiendo a otros edificios y otras familias. Nuestras casas no son un peligro, lo es la gestión del Ayuntamiento de Reinosa», concluyen.

Por su parte, el Ayuntamiento respondía ayer a través de un escrito en el que aseguraba que «la preocupante situación de deterioro que presentan los edificios desalojados supone un peligro para ciudadanos y vehículos que transitan diariamente por la calle. Son una amenaza para la seguridad pública, por lo que este equipo de gobierno, guiado por los informes y los consejos de los Servicios Técnicos, se ha visto abocado a pedir a los propietarios de los mismos un proyecto de demolición». Reconocen los responsables municipales que «ha sido una resolución muy difícil, que en ningún momento hubiéramos querido adoptar, pero un ayuntamiento no puede jugar a la ruleta rusa con la seguridad y la integridad física de los ciudadanos». Por otro lado, el Consistorio se «compromete a asumir las responsabilidades que le correspondan, cuando las haya», y asegura que todos los informes de que dispone se han compartido con los vecinos afectados y que «no arrojan una causa clara sobre el origen de la problemática que presentan las casas desalojadas».

La portavoz popular, Reyes Mantilla se mostraba ayer preocupada por la situación y aseguraba entender que «el Ayuntamiento ha dado sus pasos, pero no sé si al grado máximo». «Me gustaría conocer los informes, pero no nos los han facilitado. Creo que ha faltado trasparencia en este asunto y por eso no podemos tener una visión global». Consideraba Mantilla que «si el problema es consecuencia de las obras realizadas por el Ayuntamiento, este debería asumir su responsabilidad».

Por su parte, el portavoz socialista, Sergio Balbontín, señalaba que «existe un oscurantismo difícil de entender tanto con la oposición, que es mayoría en el Pleno, como con los propios vecinos». El socialista asegura que «la opción del derribo debe ser la última y siempre después de haber agotado todas las posibilidades». Además, afirma, «seguimos sin conocer las causas concretas que afectan a estos edificios y que podrían extenderse a otras zonas próximas de la ciudad. Habría que destinar una partida de los presupuestos a realizar un estudio serio y externo sobre esta cuestión».

Victoria Callejo, portavoz de Reinosa en Común (REC), considera que hubiera sido necesario, teniendo en cuenta que los primeros estudios realizados no fueron concluyentes, realizar nuevas investigaciones. «No sabemos seguro si hoy por hoy se puede evitar el derribo, pero estamos seguros de que se podía haber evitado desde que, en 2015, los vecinos denunciaron esta situación». Denuncia Callejo «el silencio administrativo del Ayuntamiento y ahora la orden de derribo sin haber hecho nada por evitarlo». Argumenta que «la pérdida de patrimonio que esto supone para sus dueños y para todo Reinosa es una grave irresponsabilidad».