«Nos encontramos ante otro pelotazo económico y están en juego nuestras opciones de futuro»

Según han señalado, «debe ser inédito, al menos en esta comarca, que se difunda información pública, de ámbito municipal, acordada por el Pleno, a través de un servicio de mensajería. Quizás la facilidad y rapidez de difusión, así como la falta de oportunidad para el debate y para contestar y contrastar cada uno de los puntos, estén detrás de esta inusual manera de comunicar el acuerdo». En este sentido han asegurado que el mensaje «no propicia el debate ni aporta transparencia o información directa de las administraciones públicas a los de los pueblos que se van a ver afectados por la instalación de aerogeneradores de 200 metros de altura».

Para los responsables de la plataforma, «si queremos avanzar en la lucha contra el cambio climático, contra la despoblación del medio rural, y no repetir desastres ambientales ni tramas eólicas, necesitamos un debate sosegado sobre la cuestión eólica. Sin embargo, parece que lo único que los responsables públicos tienen para ofrecer son argumentos peregrinos y populismo».

Respecto al acuerdo adoptado por el Pleno y a las cinco exigencias planteadas por la Corporación a las promotoras eólicas interesadas en instalar parques en el municipio, desde la plataforma han querido contrastar y argumentar los mismos. Así, «se exige la negociación previa de las empresas con las juntas vecinales y concejos afectados, tanto para la disposición de terrenos como para el establecimiento de las indemnizaciones anuales». «En este sentido aseguran que las empresas promotoras de los proyectos eólicos necesitan la autorización de las juntas vecinales y de los concejos para el uso de sus bienes y derechos, porque son ellos los dueños del terreno, y estas empresas, a través de su representante, llevan ya meses reuniéndose con los pedáneos y presidentes de juntas vecinales de los pueblos afectados de toda la comarca campurriana por iniciativa propia con el fin de obtener esa autorización a cambio de un canon de arrendamiento. Por lo tanto, es absurdo exigir algo que las empresas ya hacen voluntariamente».

Respecto a la exigencia de que «comercialicen la electricidad a todos los vecinos de forma gratuita mientras el parque tenga vida útil. Es decir que el recibo de la luz de todos los vecinos sea cero», han asegurado desde la plataforma que «en España, ninguna empresa eléctrica paga la factura de la luz a los vecinos del pueblo por el hecho de tener aerogeneradores instalados en su terreno. Es tan surrealista como lo sería exigir a los ganaderos que den la carne gratis a los vecinos por el hecho de tener sus animales en el monte de utilidad pública. En ambos casos su obligación legal es pagar el canon de uso o arrendamiento. Además, se presenta como un remedio para frenar la despoblación del medio rural, pero lo único que conseguiría sería una oleada de falsos empadronamientos en las segundas residencias, así como un despilfarro en el uso de la energía. Tampoco es cierto que todas las empresas promotoras sean comercializadoras, pero la exigencia es tan delirante y populista que eso ya es lo de menos».

Por otro lado, el acuerdo «exige el desbroce anual del triple de hectáreas utilizadas para la instalación del parque así como la construcción de pasos canadienses, abrevaderos y cierres de común acuerdo con las juntas vecinales y concejos». En este sentido desde la plataforma aseguran que «para ayudar a financiar estos trabajos, todos los años se conceden ayudas desde el Gobierno regional, además de que el desbroce de montes comunales ha de estar autorizado por el organismo competente y no se puede plantear como una simple moneda de cambio, sino bajo criterios ambientales y en respuesta a una necesidad de ampliación de pastos. Tampoco se puede presentar como beneficio de tener un polígono eólico algo que es una obligación en la gestión de lo público. Sí debería exigirse que se garantice la seguridad de los ganaderos mientras realizan las labores de pastoreo en el monte debido al riesgo de desprendimiento de hielo de las aspas y de partes del rotor, incendios o caída de rayos, entre otros muchos peligros».

Por otro lado, también «se exige que dejen los montes en las mismas condiciones ambientales que tenían antes de la instalación, así como el compromiso de desmontaje inmediato cuando dejen de prestar servicio». Al respecto desde la plataforma señalan que «quienes lo exigen deberían saber que los proyectos eólicos, al igual que sucede con una cantera o una mina, están obligados por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a restaurar los valores naturales a niveles similares a la situación anterior al proyecto tras su desmantelamiento. Y si se han molestado en leer las cerca de mil páginas de los estudios de impacto ambiental que proporcionan las empresas para cada proyecto que afecta a su municipio -como se espera que hayan hecho-, verán que ya incluye un Plan de Restauración con una previsión económica que se acerca al medio millón de euros. Una vez más, carece de sentido exigir a las empresas que lleven a cabo acciones que ya tienen la obligación de realizar por ley. Pero teniendo en cuenta los objetivos de descarbonización de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, los polígonos eólicos que se pretenden construir nunca se van a desmantelar, sino que se van a repotenciar por otros más grandes una vez finalizada la vida útil de los primeros. Es decir, que los proyectos que salgan favorables estarán ahí para siempre».

En el último punto «se exige la celebración de contratos ventajosos con las industrias electrointensivas de la comarca y que los aerogeneradores sean de Siemens-Gamesa. Este último punto para mejorar las condiciones de empleo de la comarca». Al respecto la plataforma explica que «exigir contratos ventajosos para las grandes empresas de la comarca que gastan mucha luz es tan irreal como dar la luz gratis a los vecinos. Seguro que a las pequeñas y medianas empresas, que tantas dificultades tienen para salir adelante, les hubiera gustado que se hubiesen acordado de ellas para esos irrealizables contratos ventajosos. E igualmente se espera que hayan leído los proyectos que presentan las empresas, en los que se indica que los polígonos eólicos proyectados en Campoo de Enmedio estarán formados por aerogeneradores de la marca Siemens-Gamesa. Es decir, que las empresas ya lo contemplan sin necesidad de exigirles nada. Pero en la fábrica de Gamesa de Reinosa no se fabrica ningún generador eléctrico para proyectos situados en España; toda la producción se envía a otros países. Pretender intervenir en la estrategia comercial de una empresa es otra propuesta surrealista en una economía de libre mercado. Es más, Siemens-Gamesa está moviendo toda la producción que puede a la India, y su intención es ir cerrando fábricas en España. De hecho, en un artículo publicado en el periódico El Español el 18 de mayo de este año, se afirma que: La fábrica de generadores eólicos de Reinosa (Cantabria), que es muy eficiente, está en venta desde hace tiempo, así que si hay un comprador, sería la primera de la lista».

Según los representantes de la plataforma, «este tipo de megaproyectos son cada vez más habituales en el mundo rural por la menor resistencia social. Estos territorios son definidos como zonas de sacrificio. Las empresas del sector y los gobiernos están promoviendo los polígonos eólicos como un motor de crecimiento económico y de prosperidad, exagerando los efectos económicos positivos que esta actividad dejaría en las zonas rurales, e ignorando los costes financieros y la pérdida de calidad de vida que asumen sus habitantes. Si realmente fueran tan buenos, no se plantearían aquí. La promesa de riqueza fácil y abundante no es más que un canto de sirenas».

Para los firmantes del comunicado, «nos encontramos ante otro pelotazo económico. Antes fue el ladrillo y ahora son las energías renovables aprovechando los ingentes fondos provenientes de la Comunidad Europea y que tendremos que devolver los ciudadanos».

Insisten además en que «la introducción de estos elementos industriales en nuestras montañas, además de transformar el medio rural en un macro-polígono industrial, provocará graves perjuicios en el normal desarrollo de las actividades que son propias del mundo rural, como la ganadería, la agricultura y el turismo rural; y además generará una gran inseguridad jurídica entre sus habitantes a la hora de reclamar daños».

«Es obligación de los ayuntamientos velar por el bienestar de sus vecinos, así como proteger su patrimonio natural y cultural. Plantearse la posibilidad de instalar aerogeneradores por el simple hecho de obtener un ingreso económico, no puede compensar las afecciones medioambientales y socioeconómicas. Sería aceptar la limosna de la miseria. Están en juego nuestras opciones de futuro», concluyen.