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La situación de las piscinas climatizadas de Reinosa, cerradas desde marzo de 2020, sigue generando el interés de los vecinos, ahora pendientes de conocer ... el alcance de la pretensión del equipo de gobierno (PRC-PP) de privatizar la gestión de las instalaciones. La intención ha sido comunicada días atrás por el edil del área, el regionalista Daniel Santos, a los trabajadores de la instalación y que forman parte de la plantilla municipal, seis actualmente, y a los representantes políticos de la Corporación, sin que hasta el momento se conozcan los pormenores de la propuesta.
La instalación, que cerró sus puertas con motivo de la pandemia y que en febrero de este año, aún cerrada, vio parte de la cubierta arrancada por la acción del viento, se encuentra estos días en obras, ejecutadas de urgencia para acometer la renovación de la techumbre, y a la espera de los trabajos para mejorar la climatización.
En ellos, el Ayuntamiento, que a través del equipo de gobierno siempre ha insistido en el coste que supone para las arcas municipales su mantenimiento, va a efectuar un importante desembolso. Sólo en la cubierta, actuación cofinanciada por Vicepresidencia del Gobierno regional, la inversión asciende a 338.427 euros . Ahora, la pretensión municipal plantea importantes dudas sobre el futuro de los trabajadores vinculados a esta instalación y sobre quienes no formando parte de la plantilla del Ayuntamiento también desarrollan su actividad laboral en las piscinas -es el caso de los siete integrantes de la Asociación Escuela de Natación de Reinosa-. También sobre la repercusión de la posible privatización en el coste del servicio para los usuarios, sobre cómo va a afectar este proceso en el plazo de apertura, que sigue demorándose en el tiempo, así como las exigencias a los nuevos gestores sobre unas instalaciones que carecen de gimnasio y que presentan problemas tanto de climatización como en el vaso principal.
Sobre estas cuestiones se ha preguntado directamente al equipo de gobierno, especialmente al alcalde, José Miguel Barrio (PRC), y al edil del área, Daniel Santos (PRC), que han declinado responder a las preguntas planteadas. Una contestación similar a la de sus socios de gobierno, los populares, que sí han querido matizar, en palabras del teniente de alcalde, José Luis López, «que la gestión de las instalaciones municipales, de cualquier uso, son temas complejos que merecen análisis detallados de las alternativas y consecuencias de cada una de ellas».
Más explícitos han sido los ediles de la oposición. Para el portavoz socialista, Sergio Balbontín, de confirmarse la privatización sería otra prueba más de la «negligente gestión e inutilidad del equipo de gobierno y en concreto de su concejal de Deportes, Daniel Santos, que con un sueldo de 28.000 euros al año es incapaz de poner los medios necesarios para que las piscinas sean una instalación moderna y atractiva para Reinosa y su comarca».
«¿Tras haber pedido y haber recibido dinero del Gobierno regional, y tras dos años de tener cerrada y abandonada la instalación por su nefasta e incompetente gestión ahora pretenden entregarla a una empresa privada después de invertir en ella cerca de 400.000 euros de dinero público? ¿Así es como pretenden ofrecer oportunidades de empleo el alcalde a los vecinos de Reinosa?», cuestionó el socialista.
«Una empresa pública no va a venir a Reinosa a perder dinero. Corremos el riesgo de que se cree un centro deportivo elitista que vaya a dejar fuera a gran parte de los vecinos», añadió.
Por su parte, la edil y portavoz de Reinosa en Común (REC), Victoria Callejo, aseguró que desde su formación apuestan por la «gestión pública de los servicios municipales» y en el caso de las piscinas climatizadas «más aún cuando se acaba de acometer una importante inversión para la mejora de la eficiencia energética y teniendo una experimentada plantilla de trabajadores públicos que deberíamos reubicar».
«No existe un informe que avale o respalde que una gestión privada vaya a ser más beneficiosa que la pública. Sabemos que muchas de estas instalaciones son deficitarias a nivel económico, pero deben verse desde un punto de vista más amplio, desde el servicio que ofrecen a la ciudadanía. Si el problema de fondo es el desconocimiento de cómo gestionar una instalación de estas características, entendemos que el primer paso lógico sería informarse en cómo mejorar esa gestión y no pasar directamente a la privatización».
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Ana del Castillo
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