El Fiscal mantiene las penas para el alcalde de Valderredible e insiste en que actuó para beneficiar al PRC

Así lo ha afirmado el MInisterio Público durante sus conclusiones finales en el juicio contra Fernández al que se acusa de un delito electoral y otro de prevaricación por omisión. La vista oral ha quedado vista para sentencia este jueves en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El alcalde, que ha ejercido su derecho a la última palabra, ha asegurado que nunca cometería una ilegalidad, por motivos morales y éticos. «He vivido en Valderredible toda mi vida, estudié fuera, Filosofía y Ética, y por principios morales y éticos jamás haré una cosa que sea ilegal», ha dicho. Para la defensa, no existe ninguna prueba de que los empadronamientos denunciados fueran fraudulentos ni se ha omitido ningún deber por parte del regidor. A su entender, de lo que sí hay pruebas es de que «las denuncias son espurias».

En la segunda sesión del juicio han declarado otros once testigos, entre ellos dos de las personas cuyo empadronamiento en el concejo de Riopanero ha sido objeto de denuncia y funcionarios del ayuntamiento.

El fiscal ha empezado su informe apuntando a que las supuestas irregularidades en el censo que han llegado a este juicio han quedado reducidas a dos pedanías, Riopanero, y San Andrés de Valdelomar, aunque había más casos que no están en la causa porque no presentaban los indicios suficientes para incluirlos.

Durante las conclusiones, el fiscal ha reprochado al alcalde que no hiciera «absolutamente nada» ni iniciara investigación alguna, y ha señalado al respecto que «las cosas hay que comprobarlas», más cuando obliga la ley, aunque detrás de la petición haya «personas pesadas» o «resentidas» -ha expresado para aludir a las numerosas quejas y continuos conflictos con algunas de ellas- o que los asuntos en cuestión tengan una «raíz política».

En este sentido, ha indicado que los nuevos empadronamientos en San Andrés perseguían «alterar» la mayoría a la hora de votar para «conseguir poder» haciendo que la pedanía recayera en un alcalde del PRC, el partido de Fernández, como así sucedió en 2015, después de haber ostentado el cargo durante cuatro años otro vecino, en representación del PSOE y que está detrás de las denuncias.

En el caso de Riopanero, el fiscal cree que el objetivo era mantener al regidor regionalista y «no perder el status quo» en el Valle de Valderredible.

En su opinión, tanto en San Andrés como en Riopanero se dan situaciones que ha calificado de «raras». Cree que es «difícil» que en la primera de estas localidades se incorporen al censo al mismo tiempo dos personas para hacer unas obras, y que vivan en casa del que fue elegido pedáneo en 2015.

El fiscal ha añadido que no se trata de una «cuestión política, contra el PRC» porque, a su juicio, se puede decir que quienes denunciaron los empadronamientos (un concejal del PSOE y otras dos personas que han ocupado cargos con este partido) «son unos resentidos pero los resentidos también tienen sus derechos», ha apostillado.

Respecto a las supuestas irregularidades urbanísticas, ha señalado que tres de las cuatro edificaciones que, según el denunciante, no se ajustaban a las licencias concedidas pertenecen «a un amigo del alcalde» y no se hizo «absolutamente nada» ante esas denuncias.

Según la defensa, que unos empadronamientos «parezcan raros» como esgrime el fiscal es un «escaso fundamento» para pedir las penas que solicita el ministerio público, quien solo ha presentado como prueba de sus acusaciones, ha dicho, las declaraciones de cuatro testigos: tres denunciantes y un cuarto, un concejal que «no conoce directamente ninguno de los hechos».

Ha subrayado que no existen pruebas de una concertación de los empadronados con el alcalde ni entre ellos y, tras recordar que el fiscal ha insistido en que tres de las personas censadas en Riopanero no vivían con sus familias, se ha preguntado por qué no se inscribió toda la familia si lo que se perseguía, como mantiene la acusación, era favorecer al alcalde.

También ha defendido que la forma de actuar del alcalde siguió lo establecido en las leyes tanto para el padrón como para las obras, en el primer caso porque hizo indagaciones y fue informado de que estas personas vivían en los pueblos y en el segundo, fue la técnico municipal la que comprobó, cómo es su cometido, que no existían las ilegalidades denunciadas.

Ha argumentado que la apertura de una expediente tiene por objetivo restituir la legalidad y que no hay razones para incoarlo si previamente se comprueba que no se ha cometido ninguna ilegalidad.