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La Ley española es taxativa al respecto: cualquier delito prescribe a los 20 años, salvo alguna contada excepción -y no será este el caso-. Lo mismo da que la Guardia Civil termine identificando a la persona que pudo estar detrás de la desaparición de Virginia ... Guerrero y Manuela Torres hace ya más de 29 años. Sea quien sea, hiciera lo que hiciera, no tendría obligación de rendir cuentas ante la justicia. «La legislación española es así, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en otros países anglosajones como Reino Unido o EE UU, donde no dejan de salir casos de personas que han cometido crímenes hace más de 30 años y son juzgados por ello», explica Ramón Chippirrás, abogado de las niñas de Aguilar de Campoo, desaparecidas la noche del 23 de abril de 1992.
¿Qué se puede sacar en claro entonces de la reciente reapertura de las pesquisas de un caso que mantiene aún abiertas todas las incógnitas? Pues precisamente eso, cerrar incógnitas. «La familia podría descansar si al final se puede saber qué fue de ellas», avanza Chippirrás.
Nada obliga al supuesto responsable de los hechos a confesar. No obtendrá ningún beneficio por ello. Al contrario, todo serán perjuicios: el desprestigio social sería el mayor lastre, porque aunque la Ley no pueda juzgar, la gente sí lo hará. «Es difícil, muy complicado, pero nosotros como juristas, y la Guardia Civil como cuerpo, todos estamos obligados a hacer nuestro trabajo y a llegar hasta el final en este caso», justifica el letrado.
Hay una mujer, una testigo que aparece 30 ahora, años después, que señala a un hombre con nombre y apellidos. Tan sólido es su testimonio que según lo que se ha podido avanzar de las pesquisas -que se encuentran actualmente bajo secreto de sumario-, hay un sospechoso donde todas las pistas confluyen en «en un 99,9%». Pero aún no hay nadie detenido.
«Si esta línea de investigación deriva en algo que finalmente es sólido, podríamos estar ante el responsable de la desaparición de las niñas; pero aún no podemos decir que haya nada concluyente», cuenta Chippirrás.
El único modo de que este supuesto responsable pagase por lo que hizo sería que lo hubiera hecho más veces y a otras personas. Cosa que según parece, no es nada descartable. De hecho es una de las opciones que baraja la Guardia Civil en estos momentos. De ser así, quizá alguno de sus crímenes podría ser más cercano en el tiempo. En algún caso, podría haber pasado menos de 20 años, suficiente para tener un asidero al que agarrarse para poder juzgarlo.
Por lo pronto hay al menos otra persona que sufrió algo similar con la misma persona. Cuenta la testigo cuya confesión de este pasado febrero ha servido para reabrir el caso -después de casi tres décadas- que estaba viendo un programa televisivo donde se emitía un reportaje sobre este drama y le removió la conciencia. La mujer, cuya identidad se desconoce, llamó al teléfono de aludidos del programa y aseguró que ella había vivido un episodio similar un año antes, es decir, en 1991.
Afirmó que al igual que Virginia y Manuela, también se escapó de casa junto a una amiga para disfrutar de una noche festiva en Reinosa, y que a la vuelta hizo autoestop. Que paró un Seat 127 blanco con un hombre en su interior, algo que coincide con lo que les pasó a las niñas de Aguilar. Dijo también que hasta en dos ocasiones el hombre se desvió del destino que le habían indicado, y que cuando la que iba delante se puso nerviosa, tomó el volante y lo giró con fuerza hasta estampar el coche contra la cuneta. Así escaparon, y así pudieron contar lo sucedido. ¿Qué le lleva a esta persona a confesar estos hechos pasados 30 años? Es una incógnita.
«Sucede además que hay otro detalle que ha sido clave para identificar a este supuesto agresor», cuenta el abogado. Pasados unos días, confiesa esta testigo que se encontró con este hombre en un contexto completamente diferente. Dice que ella lo reconoció a él, pero que él a ella no. Este hecho, que es clave en la identificación de esta persona, está bajo secreto de sumario, pero ha sido fundamental para que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga decidiera reabrir el caso el pasado 21 de junio.
Ahora la pelota está en el tejado de la Guardia Civil, que deberá acreditar que este hombre estaba en ese lugar y en ese momento. Y que además conducía un Seat 127 blanco.
Para comprender bien todo este caso conviene retrotraerse a ese 23 de abril de 1992, cuando desaparecieron Virginia y Manuela. Se habían escapado de casa con 13 y 14 años, respectivamente. Habían disfrutado de las fiestas de Reinosa y ya cansadas, decidieron regresar a sus casas. Se detuvieron junto al parque Cupido, en Reinosa, junto a la escalinata de una casa. Una de ellas se acercó a la carretera e hizo autoestop. Hay dos testigos que contemplan esta escena: la dueña de la casa, que observa todo desde la ventana, y una segunda mujer que está en la acera de enfrente.
Llega un hombre con un Seat 127 blanco. Ellas suben y es la última vez que se las vio. La testigo en la acera, que mantiene buena relación con la familia, todavía lamenta no haber apuntado la matrícula de aquel vehículo.
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