Los jueces revocan la orden de derribo de los edificios de Torres Quevedo y Puente de Carlos III en Reinosa

El nuevo fallo viene a revocar la sentencia anterior y estimar parcialmente el recurso declarando la nulidad de pleno derecho de la orden de demolición municipal dictada en diciembre de 2018, puesto que no hubo una declaración de ruina formal previa a este acuerdo de la entonces Junta de Gobierno Local (PRC-PP), requisito básico para continuar con el procedimiento. Y es que la sala, tras evaluar el «ingente material» probatorio del caso, «discrepa de la valoración que se hace sobre la firmeza de la declaración de ruina en la sentencia apelada». Alude al informe geotécnico que el propio Ayuntamiento realizó que, por un lado, «no encontró motivo concreto que haya provocado los daños», pero, por otro, si evaluó el posible colapso de los inmuebles estimando «el urgente desalojo y la clausura del edificio» para evitar riesgo vital. También destaca que se hizo esa valoración «siempre partiendo de que eran edificios recuperables». Unido a eso, también expone el fallo que el Ayuntamiento no realiza bien el trámite de la declaración de ruina preceptiva para encargar la demolición, ya que se apoya en la opinión de un técnico (el aparejador) cuando tiene que ser el Ayuntamiento, previa audiencia de los propietarios o inquilinos, quien lo apruebe como tal, según la vigente Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico. Por ello, concluyen los jueces del TSJC, «no es procedente la demolición como su consecuencia ni tampoco la pretensión de reclamación patrimonial anclada a ésta», afirma con respecto a la fallida declaración de ruina.

¿Y qué pasará ahora? Pues según el abogado de los propietarios de estos edificios y locales comerciales que ha ganado la apelación, Francisco Javier Díaz Aparicio, el proceso se retrotrae al punto de partida inicial «previo» a la orden municipal de demoler los inmuebles en 2018 y esto, a su juicio, puede ser una oportunidad para partir de cero. «Es una bola extra» para que el nuevo equipo de gobierno de Reinosa -ahora con otro alcalde a la cabeza, el popular José Luis López- atienda esta problemática social y solvente una situación «dramática» para un «grupo numeroso de familias» y adopte la decisión de «abordar una negociación cabal» la posible recuperación de los edificios ya que lo contrario sería, en su opinión, volver de nuevo a la situación anterior. «La de un alcalde (José Miguel Barrio PRC) y un gobierno de la Comunidad Autónoma (PRC-PSOE) que han olvidado completamente la dramática situación social de los afectados», dijo, recordando que muchos de esos propietarios se han tenido que refugiar en casas prestadas o incluso volver con los padres» y han perdido sus negocios y sus vidas anteriores.

Por todo ello, a juicio de Díaz Aparicio, «no llegar a un acuerdo ahora sería catastrófico», insistió, afirmando que hay «fórmulas para arreglar semejante disparate de abandono y desamparo».