Secciones
Servicios
Destacamos
Tras cinco años de tramitación, el pasado 17 de junio comenzaron las obras del parque eólico de El Escudo, el de mayor tamaño de todos los que están autorizados en Cantabria. Las máquinas se pusieron manos a la obra en Luena, Campoo de Yuso ... y Molledo, pero no en el cuarto ayuntamiento afectado por el proyecto, San Miguel de Aguayo. El pueblo, con su alcalde a la cabeza, Eduardo Gutiérrez (PSOE), se ha propuesto evitar que ni un solo molino pise su término municipal y, por ahora, va ganando la batalla.
La estrategia del Consistorio fue suspender el otorgamiento de licencias de obra en suelo no urbano con el fin de estudiar la modificación del PGOU de San Miguel de Aguayo «a los efectos de dotar de la debida protección a los suelos rústicos de especial protección del municipio y preservar sus valores naturales, especialmente los ecológicos y paisajísticos». Una argucia legal que, en la práctica, permitía al Ayuntamiento dejar en 'stand by' el expediente y que el Gobierno de Cantabria y la promotora del parque consideraban que rozaba el «fraude de ley». De hecho, tanto la Consejería de Fomento como la empresa local Biocantaber, en colaboración con Iberdrola Renovables y Banco Santander, presentaron sendos recursos en los que pedían, de forma cautelar, suspender el acuerdo plenario de San Miguel de Aguayo. Antes de verano, un juzgado de lo contencioso rechazó la petición de la Administración –y el posterior recurso– y ahora hace lo mismo con la de la promotora.
«Tres juzgados diferentes han dicho ya lo mismo. Estamos convencidos de que lo que hemos hecho es algo totalmente legal», apunta Gutiérrez. El regidor socialista reconoce que por ahora la Justicia no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto –si es legal o no la suspensión de licencias–, pero los argumentos jurídicos que aparecen en estos tres autos le permiten ser relativamente optimista y seguir negando este y otros permisos para la instalación de molinos en los montes del municipio.
En este último auto, fechado el 18 de septiembre y firmado por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº3 de Santander, se rechazan las medidas cautelares porque «debe prevalecer el interés general frente al particular» de la empresa. El juez llega a esta conclusión porque, en caso de dejar sin efecto la suspensión de licencias acordada por el Ayuntamiento, «los perjuicios que se pueden causar al interés general difícilmente se podrían reparar». Es decir, que siempre hay tiempo de cambiar la tesis y permitir la llegada de los molinos más adelante, pero si el juez aceptara ahora la medida cautelar y después fallara en sentido contrario sobre el fondo, quitar esos molinos sí tendría consecuencias negativas para el territorio.
Gutiérrez celebra que el Gobierno cántabro y la empresa, que «cuestionaron muy duramente la decisión municipal» tras el acuerdo plenario, ahora estén viendo como los tribunales están dando la razón al Ayuntamiento. Eso sí, el auto apunta que la empresa podría solicitar en el futuro algún tipo de indemnización al Consistorio en caso de, cuando los jueces se pronuncien sobre el fondo del asunto, entiendan que la suspensión de licencias no se ajusta a la norma.
San Miguel de Aguayo va ganando esta batalla particular, pero los promotores del parque eólico también pueden presumir que los juzgados de Santander y Madrid también han desestimado todas las medidas que pedían colectivos vecinales y asociaciones pidiendo la paralización de las obras en el resto de municipios. Aquí hay igualmente recursos judiciales pendientes de resolución en uno y otro sentido.
A todo el conflicto judicial se suma ahora un nuevo condicionante después de que el Ministerio para la Transición Ecológica haya decidido incluir 44 nuevos humedales de Cantabria en el inventario español de Zonas Húmedas. Cinco de estos humedales se encuentran en terrenos del parque eólico, aunque se aprobaron después de que la empresa Biocantaber lograra todas las autorizaciones ambientales.
Los colectivos vecinales que se oponen a El Escudo apuntan que, tras la decisión del Ministerio, automáticamente, estas turberas quedan «blindadas por la ley». «Están protegidas por la legislación regional, nacional y europea, no se pueden dañar bajo ningún concepto. Si se llega a tocar un solo palmo de tierra, se cometerá la acción de destrucción de humedales más grave en los últimos treinta años en Cantabria», aseguran desde los colectivos. Aunque ninguno de estos humedales está en Aguayo, Gutiérrez sí suscribe estos argumentos.
📲 Sigue el canal de El Diario Montañés en WhatsApp para no perderte las noticias más destacadas.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.