Juzgan a un edil del PSOE en San Miguel de Aguayo por sustraer gasolina del surtidor municipal

La vista tendrá lugar hoy y a Morales se le juzga por un delito de «malversación de caudales públicos». Un juicio que se celebra con jurado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, «con conformidad de las partes», que han acordado que se imponga al acusado «tres meses de prisión, otros tantos de inhabilitación para empleo o cargo público y 160 euros de multa». Así lo recoge, en un comunicado, el propio Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dentro de su agenda pública de vistas.

Según el escrito elevado a la Audiencia Provincial y suscrito ahora ya por el Ministerio Fiscal y por la defensa, el procesado, que había sido elegido concejal por el PSOE tras las elecciones de mayo de 2019 y «contratado como peón agrícola en noviembre de ese año», accedió en febrero de 2020 con su coche particular a la nave donde estaba el surtidor de gasolina para uso exclusivo de turismos municipales.

Una vez allí, «guiado por el ánimo de obtener un enriquecimiento injusto, llenó el depósito de su coche y, a continuación, cuatro garrafas de gasoil que introdujo en su maletero, llevándoselas consigo». Cabe destacar al respecto que el edil procesado ya ha restituido el gasoil que en su momento sustrajo, subsanando así su deuda material con el Ayuntamiento de Aguayo.

Tras estos hechos, y tras ser detectado y denunciado este hurto de combustible por el propio Ayuntamiento, el alcalde Eduardo Gutiérrez emitió una Resolución de Alcaldía, en la que le revocó las competencias, ya que Morales ejercía entonces de concejal de Ganadería y Agricultura en el equipo de gobierno municipal. Una decisión que viene recogida en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) del 15 de octubre de 2019, en la que el mismo regidor y compañero de filas argumenta que se toma esa decisión «por la pérdida de confianza» en su edil. En aquel momento, Morales era el número dos de los tres ediles del PSOE que ganaron las elecciones con Gutiérrez, pero le duró poco el cargo en Ganadería ya que fue nombrado en julio de ese año y en octubre del mismo año -solo tres meses después-el regidor le revocaba ya las competencias.

A la vista de hoy, el ya exedil de Aguayo, llega asumiendo la denuncia que se le imputa y, estos hechos, han sido calificados por las partes como «un delito de malversación de caudales públicos, mecedor de tres meses de prisión y 160 euros de multa, así como inhabilitación especial para cargo o empleo público por tres meses».

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