Las lápidas olvidadas de Bustillo del Monte

Alguaciles de Valderredible protegidos por siete parejas de la Guardia Civil se llevaron embargado todo el ganado de Bustillo del Monte, atravesando la sierra para conducirlo a la capital del municipio, Polientes, en respuesta al impago de unos impuestos inasumibles para la empobrecida población. Los hombres se habían quitado del medio ante la irrupción de las fuerzas del orden en la aldea. Pero ocho mujeres y un niño pastor salieron a su encuentro en el monte de Santa Juliana para implorar la devolución de sus animales. La comitiva del recaudador, armada con fusiles; las vecinas, con las varas de arrear se plantan delante en barrera. Una se agarra suplicando a las bridas del caballo de un guardia; otras prometen que pagarán… En una loma, con los guardias formados en 'uve' se abre el fuego por orden del teniente Feliciano Ramírez. Dominga Fernández, de 49 años, y Mari Nieves Fernández, de solo 17, caen abatidas en el monte. Aquel amanecer del 30 de julio de 1932 ocurrió un doble crimen con un trasfondo de violencia, política caciquil, miseria y pueblos oprimidos en tiempos de la Segunda República en la Cantabria más pobre y remota, desdibujado en la historia como 'los sucesos de Bustillo del Monte'.

Han pasado 87 años y no queda ningún testigo de aquella tragedia que llevó el luto a la pequeña comunidad de Bustillo del Monte, en la que entonces apenas sobrevivían 54 vecinos. Pero hay descendientes empeñados en honrar la memoria de los que sufrieron el embate de aquella cuadrilla de la muerte. Como Ignacio Merino Arroyo, sobrino de uno de los protagonistas de esta historia, que lleva años recopilando documentación sobre estos hechos para que el paso del tiempo no fagocite la verdad de este trágico episodio.

En el monte de Santa Juliana, a cuatro kilómetros de las casas subiendo por una pista forestal o por un cortafuegos, dejando atrás un centenario robledal, siguen erigidas las lápidas que los familiares de Dominga y Mari Nieves levantaron a los pocos días en el mismo sitio en el que la Guardia Civil las mató. Ahora están en medio de un tupido bosque de pinos, plantados durante las reforestaciones de los años 50. Entonces aquel lugar era una sierra pelada e inhóspita. Pero hoy, como ayer, la niebla se posa cada tarde en este paraje a 1.200 metros de altitud. Los ciclistas y senderistas que de vez en cuando atraviesan el monte se encuentran de pronto con el monolito de Dominga, más cercano a la pista, una piedra con una estremecedora gran cruz pintada de negro y una placa mandada grabar por su marido, Cosme Bustamante. A cien metros adentrándose en el bosque, se levanta la de Mari Nieves, cincelada por su tío Sixto Herrero: '... que fue muerta por disparos de la Guardia Civil…', desvela la lápida. Mientras leemos palpando las hendiduras, cruza a toda velocidad una piara de jabalíes, pasando por la misma loma desde la que se efectuaron los disparos en 1932. Dicen que en esta sierra hay lobos. Que los ha habido siempre. Que de vez en cuando se registra algún ataque en el ganado local. También cuentan que durante la Guerra Civil el pueblo se llevó las dos lápidas y las escondió. Terminada la contienda, las devolvieron a su lugar como tótems contra el olvido de aquella historia…

...Bustillo del Monte llevaba años (en concreto 9, desde 1922) sin pagar al Ayuntamiento el impuesto al consumo. La negativa a pagar se fraguó por el desacuerdo ante un reparto tributario arbitrario y caciquil, que había aumentado la tasa un 300%, siendo alcalde de Valderredible Nicolás García Bustamante. Los vecinos habían decidido no pagar más que lo justo. En 1931 hubo elecciones y el candidato a regidor prometió condonar la deuda si era elegido. Pero no cumplió la promesa cuando tomó el bastón de mando. Llegaron las presiones de los demás pueblos de Valderredible (son 52). Si Bustillo del Monte no pagaba, el resto tampoco lo haría. La deuda acumulada se elevaba a 14.000 pesetas, y se exigía el pago de la del último año: 1.300 pesetas, que con la multa correspondiente ascendería a 5.000.

29 de julio, víspera de los sangrientos sucesos. A las tres de la tarde se presenta en el pueblo el agente ejecutivo Fidel Saiz, junto a un auxiliar y la guardia de Polientes para notificar el embargo del ganado. Pero les fue imposible entregar los recibos. Un vecino no lo recogió «porque no llevo puestos los anteojos», otro salió por la puerta de atrás en cuanto el recaudador fue a su casa, otros más se hicieron los despistados yendo a atender al ganado, o a arar... No era cobardía. Era una estratagema acordada entre todos para rehuir la notificación y también para evitar posibles enfrentamientos de sangre. Pero el gesto exasperó a las autoridades. Al día siguiente, a las seis de la mañana, se presentaron nuevamente los alguaciles en Bustillo, pero esta vez el recaudador Saiz acudió acompañado por un ejército de catorce guardias civiles a las órdenes del teniente Ramírez, un hombre muy bajito -medía 1,59- natural de Burgos. La casa del presidente de la junta vecinal estaba cerrada, así que se dirigieron directamente al monte, donde sabían que estaba el ganado, para ejecutar el embargo. Pero antes de abandonar la aldea, varias vecinas se encararon con la cuadrilla. Una, llamada Julia Fernández, les menciona desafiante los trágicos sucesos de Castilblanco (un año antes una revuelta popular había acabado con la vida de cuatro guardias civiles en Badajoz); a otra valiente, Matilde Gil, los agentes le lanzan literalmente la notificación y ella responde: «usted me da el papel con soberbia, yo lo rompo con humildad». El teniente les advierte que «habrá luto» en Bustillo. Otro agente bromea desde un alto con «abrasar» el pueblo y a sus habitantes.

La comitiva subió al monte. Primero cogieron los corderos y luego fueron a por las ovejas y cabras. Se llevaban casi 800 cabezas, valoradas en más de 24.000 pesetas, montante que quintuplicaba la deuda que se pretendía cubrir.

Los hombres seguían fuera de combate, reunidos en concejo para decidir qué hacer y manteniendo su estrategia de no darse por enterados del embargo. Pero algunas mujeres, en cuanto tuvieron noticia de que se llevaban lo único que tenían, subieron al monte con el pastor Adolfo Barrio, de 14 años, para intentar sacar de allí sus rebaños e impedir que se los llevaran. A dos kilómetros se encuentran con la comitiva. El teniente les exige que se detengan. Ellas ruegan, insisten, prometen pagar. Pero no hay piedad y se da la orden de abrir fuego desde un alto sobre el grupo de mujeres, distante menos de cien metros. La primera ráfaga alcanza a Dominga, que cae muerta en brazos de una hija. «¡Han matado a la Dominga!», gritan las que estaban cerca. Algunas se tiran al suelo, otras echan a correr, entre ellas Mari Nieves, pero la segunda ráfaga le alcanza por la espalda. Sembrada la sierra de sangre, el ejército continúa su camino sin mirar atrás guiando al ganado hacia Polientes.

El pueblo aún lloraba los cuerpos sin vida de las vecinas abatidas cuando trascendió una primera y torticera versión de lo ocurrido en Bustillo del Monte. Los mandos implicados en la matanza dijeron que se efectuaron «disparos al aire» para protegerse del pueblo «amotinado, enfurecido, excitadísimo y en actitud rebelde», con mujeres y niños en primera línea enarbolando palos y lanzando piedras mientras los hombres aguardaban emboscados en la retaguardia, «ocultos en la maleza, con hachas y armas», dispuestos a atacar.

Esta lectura de los hechos llegó al gobernador civil, en Santander, que defendió la actuación de las fuerzas del orden y así se reflejó en la prensa de la época, dando veracidad a la teoría del motín popular, del «pueblo entero en masa» que salió a agredir a la Guardia Civil, que, en consecuencia, se vio obligada a defenderse con esos supuestos disparos al aire que, desafortunadamente, hicieron blanco.

Los vecinos, encabezados por Aurelio Arroyo (el tío de Ignacio Merino) y por el maestro del pueblo, Severiano Olea, se vieron obligados a difundir un manifiesto para aclarar lo sucedido a la opinión pública, defender la acción pacífica de las mujeres y negar el motín. «Pueblo campurriano; pueblo montañés: queremos y pedimos justicia y responsabilidades por este hecho sin precedentes», concluye el comunicado. Consiguieron que, poco a poco, la versión oficial se diluyera y los periódicos volvieran a hablar de lo ocurrido interrogando a los testigos.

Los días siguientes Bustillo parecía un pueblo fantasma, solo habitado por mujeres, niños y un puñado de ancianos, con los hombres huidos en el monte por temor de represalias. El pueblo quedó sumido en el «dolor, la rabia y el odio», cuenta Merino, con una sed de venganza planeada por algunos que, «por fortuna, no se materializó».

Al principio, se decretó prisión provisional para los dos guardias civiles considerados responsables de lo ocurrido, el teniente Ramírez (que dio la orden de abrir fuego) y el cabo Fernando Marcos Palomero, natural de Hernani (que tiró a matar). Pero el asesinato les salió poco más que gratis, porque el tribunal que los juzgó por un presunto delito de homicidio por imprudencia temeraria los absolvió al considerar que los hechos no podían probarse y que la orden de disparar se realizó «en cumplimiento de su deber». El asunto se saldó con una multa administrativa que, al parecer, nadie abonó.

El ganado fue devuelto a Bustillo unos meses después del embargo, pero la mitad había muerto o desaparecido. La deuda del pueblo con Valderredible sí se pagó.

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