La Plataforma de la Defensa del Sur pide a la Audiencia Nacional paralizar el parque eólico del Escudo

El recurso fue presentado el 22 de septiembre ante la falta de respuesta de la Crotu y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) y antes de que, llegado el caso, la Comisión Regional «permita la ilegal barbaridad del pretendido uso industrial eólico en suelo rústico». Precisamente hoy, miércoles, estaba prevista la reunión de la Crotu, pero en el orden del día no estaba el parque del Escudo y no se ha tratado, a pesar de que todo apuntaba a que así sería, dado que el departamento que dirige José Luis Gochicoa tenía ya en su poder todos los informes sectoriales de las partes implicadas, aunque estaba pendiente la concesión para la instalación de los aerogeneradores en montes de dominio público, correspondiente a la Dirección General de Biodiversidad.

Sin embargo, la plataforma exige la «inmediata paralización» expresa de cualquier actividad del polígono industrial El Escudo, un proyecto que considera «ilegal y nulo de pleno derecho», por lo que le solicita que «la pretensión no sea tratada» por la Comisión o, en caso contrario, que sea denegada «por su nulidad radical».

La plataforma ya presentó en febrero alegaciones al plan de construir un parque eólico en el Escudo oponiéndose a la «fraudulenta e ilegal actuación industrial en suelo rústico de propiedad mayoritariamente comunal que, sin autorización de parte importante de esa propiedad, pretende desarrollar para su exclusivo lucro la mercantil Biocantaber, S.L.». Dichas alegaciones, dice la plataforma, no han tenido respuesta. También recuerda a la Crotu su reiterada solicitud de revisar de oficio la resolución que formulaba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), «declarándola nula de pleno derecho», a las direcciones generales de Industria y de Medio Ambiente regionales, sin que, «incumpliendo dolosamente» la ley, ni éstas ni el Miterd «siquiera han acusado recibo de la solicitud, ni menos respondido a la misma en legal forma».

También cuestiona la experiencia y capacidad de uno de los socios promotores, Ocyener, S.L. (el otro es Iberdrola Renovables, «de aparente solvencia»), y denuncia la «falta de autorización y acuerdos con la generalidad de los propietarios» y, en especial, de los concejos propietarios del suelo, «opuestos en su práctica totalidad», así como «las gravísimas afecciones al paisaje» y a la Red Natura 2000.

Entre otros argumentos, también señala la «irregular, ilegal autorización administrativa» previa al estudio de su compatibilidad con el suelo rústico del Miterd, y la falta de aportación de documentación legalmente exigida. Y subraya la obligatoriedad de una Evaluación Ambiental Estratégica previa de, al menos, la totalidad de las actuaciones industriales eólicas en tramitación, una evaluación exigida, dicen, por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y el Tribunal Supremo (TS) «al anular el dolosamente ilegal concurso eólico». El informe de impacto ambiental salió en junio de 2021 y fue favorable, pero Iberdrola tuvo que introducir cambios. Rediseñó su proyecto y redujo de 36 a 25 el número de molinos, que serán capaces de producir 105 megavatios frente a los 150 previstos inicialmente. En mayo, el Ministerio para la Transición Ecológica dio el visto bueno definitivo desde el punto de vista medioambiental tras estudiar ese modificado y este mes, previsiblemente, lo iba a dar el Gobierno de Cantabria a la parte urbanística.