Los propietarios aceptan 24 de los 25 molinos de El Escudo y solo uno se instalará sin acuerdo

La postura contraria es la que mantienen el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo -donde está previsto otro aerogenerador-, así como las Juntas Vecinales de Resconorio y San Miguel, en Luena, en su caso afectadas por el trazado de la línea. Este periódico no ha podido comprobar cuál es la postura de la Junta Vecinal de San Martín de Quevedo, en Molledo, donde se ubicará la subestación y parte de la línea.

Desde la promotora del parque, Biocantaber -en la que participan Iberdrola, Ocyener y Banco Santander-, se ha destacado la «amplia aceptación» del proyecto, una vez que las juntas vecinales propietarias de los montes donde se ubicarán los molinos «se han manifestado mayoritariamente» a favor de ellos tras conocer su propuesta económica. Además, los vecinos de estas pedanías se podrán beneficiar de una reducción de su factura de la luz, una medida comprometida por la empresa de manera adicional al canon de ocupación de los montes, a la que se suman otras inversiones en acciones sociales.

Para Roberto Merino, presidente de la Junta Vecinal de Lanchares (Campoo de Yuso), los molinos suponen la oportunidad de obtener unos ingresos muy necesarios para el pueblo. «El pueblo tiene unos gastos, unos IBI, muchísimas cosas que hay que pagar, y el único dinero que sacamos es el de las hectáreas que ocupan los ganaderos. Hemos tenido una explotación de turba, pero ya se acabó. Si podemos coger esto, es una oportunidad de que dé provecho al pueblo. Aquí los que ponen problemas a la instalación de molinos no son los ganaderos: los que no viven aquí se piensan que el dinero cae de arriba, pero no es así». Merino explica que Lanchares es una localidad con cerca de ochenta vecinos, una buena parte de los cuales están ya jubilados, y la ganadería es la principal ocupación entre quienes aún están en activo. «El dinero que vamos a recibir por el parque supondrá una inyección al presupuesto con la que se pueden hacer más cosas, como conservar mejor los montes, desbrozarlos para prevenir incendios, hacer mejoras en el pueblo, en el teleclub, las carreteras...».

El presidente de la pedanía de Lanchares entiende que a nadie le puede gustar que le levanten un aerogenerador al lado de su casa, pero dice que ese no es el caso del polígono de El Escudo. «El parque va a ir arriba de todo, en la cumbre, y no creo que nos afecte en nada, ni que haya ruido. Otra cosa es que a alguien le incomode porque haya un impacto visual».

La postura del Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo es justo la contraria: con los sustanciosos ingresos que les proporciona la central eléctrica, no necesitan los 20.000 euros extra que les puede suponer la instalación de un molino en su territorio. «A nosotros no nos convence la masificación -explica el alcalde, Eduardo Gutiérrez-; la zona no excluida para la colocación de aerogeneradores es mínima y van a destrozar los montes de Campoo. No nos interesa porque perdemos pastos y por nuestro paisaje, que es una de las pocas cosas que nos quedan. No vamos a resignarnos, lucharemos hasta donde podamos».

El regidor cree que no debería haber zonas sacrificadas, sino que la carga se repartiese. «Sería más lógico que todos los municipios tuvieran sus zonas para crear energía, eólica, solar o hidroeléctrica, pero resulta que las zonas productoras son precisamente las que menos consumo tienen. El plan de exclusión eólica podría ser más amplio, y así no estaría tan masificado. Pero esto se plantea en las zonas despobladas porque los votos son menos: se sacrifican las áreas con menos población».

El polígono eólico de El Escudo está solo a falta de recibir la autorización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), una vez que ya superó el trámite ambiental y que el Consejo de Gobierno aprobó la ocupación forzosa de terrenos, su trámite más reciente.