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En un cambio de postura respecto a la línea que venía defendiendo, el equipo de gobierno de Reinosa (PRC-PP) anunció que no recurrirá la ... última sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santander que condena al Ayuntamiento a reparar los daños ocasionados en una vivienda en Quintanal derivados de las obras de reforma de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua acometidos en esta calle y en la de La Nevera. Una actuación que adjudicó y ejecutó el Gobierno de Cantabria entre 2014 y 2015, pero cuyo proyecto encargó el propio Ayuntamiento.
En dicha sentencia, que vuelve a condenar al Consistorio, en la misma línea de las anteriores y que sí fueron recurridas por el Ayuntamiento de Reinosa, el Juzgado ordena «ejecutar las obras precisas para solucionar el origen de los daños –grietas, humedades, desplazamientos del terreno– y las actuaciones pertinentes de reparación del inmueble», lo que, según anunció ayer el equipo de gobierno que preside el regionalista José Miguel Barrio, el Ayuntamiento «llevará a cabo con el máximo interés y, de la mano del Gobierno de Cantabria, tratará de encontrar la solución más idónea para este tema tan complejo» y sobre el que, aseguró, aún «no se ha encontrado un origen».
Del mismo modo el equipo de gobierno anunció que «desiste» de los recursos de apelación que se tramitan ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cantabria y que también están relacionados con demandas judiciales presentadas por vecinos de las calles en las que se ejecutó la reforma del saneamiento y abastecimiento.
Ocho son hasta el momento las reclamaciones judiciales presentadas, pero no se descarta la apertura de nuevos procesos a tenor del sentido único del sentencias judiciales. Daños y procesos sobre los que el equipo de gobierno ha sido cuestionado en los últimos años por los partidos de la oposición (PSOE y REC), que «lamentan la postura que ha mantenido el Ejecutivo local frente a los vecinos afectados». En este sentido, regionalistas y populares subrayan que «mucho antes de la presentación de las demandas vecinales, este Ayuntamiento ya se venía preocupando de los problemas que tenían los inquilinos de los inmuebles afectados, como es su obligación».
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