Reinosa aprueba el derribo subsidiario de las viviendas del centro declaradas en ruina

Así quedó aprobado el pasado 15 de julio por unanimidad de la Junta de Gobierno Local (PRC-PP) y tras dar cuenta del informe del policía local responsable de las inspecciones de Urbanismo, en el que dejó constancia del incumplimiento del acuerdo adoptado el 28 de junio de 2017 en el que se ordenaba a los propietarios el derribo de los inmuebles afectados, previa presentación del proyecto de demolición y del resto de trámites administrativos.

Desde el Ayuntamiento señalan que la ejecución del derribo subsidiario «requiere del inicio y desarrollo de un expediente de contratación de obra, que tendrá lugar en breve con la aprobación del proyecto y que después se procederá a la elaboración de los documentos administrativos requeridos para la posterior licitación de la obra». Preguntados por la fecha de inicio del derribo, desde el Ayuntamiento consideran que «ante el proceso puesto en marcha, es pronto aún para saberlo».

Este derribo afecta, en concreto, al edificio anexo al número 30 y a los números 34 y 36 de la Avenida Puente de Carlos III y al edificio número 2 de la calle Torres Quevedo, unos inmuebles céntricos que presentan desde hace años grietas, fisuras y otros desperfectos importantes. Los mismos que llevaron en 2017 a la declaración de ruina de los inmuebles y a la orden de desalojo.

Este acto administrativo fue recurrido por los vecinos, que sostienen, y así lo acreditan en informes técnicos, que el origen de los daños en sus viviendas se encuentra en la «mala ejecución de las obras que se hicieron para construir la red de abastecimiento en esta zona». Dicho recurso, fue desestimado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander al considerar entonces que la declaración de ruina era firme y que por lo tanto debía ejecutarse. Los afectados habían solicitado la adopción de medidas cautelares urgentes consistentes en la inmediata suspensión del acuerdo de demolición aprobado por el Ayuntamiento de Reinosa.

Ante esta situación y el avance del proceso de derribo, algunos de los vecinos afectados interpusieron el pasado año una demanda en la que solicitaron la impugnación de dos actos administrativos del Ayuntamiento de Reinosa: la desestimación de la reclamación patrimonial por los daños que sufren los edificios y la orden de demolición de los mismos.

A su vez, solicitaron que el Ayuntamiento acometa las obras que sean necesarias para reparar la causa que origina las patologías, además de indemnizaciones por cuantías que oscilan entre los 12.900 euros hasta los 128.000, por un importe total, entre las nueve viviendas y los dos locales, de 705.430 euros.

También reclamaron el abono de otras indemnizaciones por lucro cesante por pérdida de la posesión de los inmuebles, por daños morales, así como el importe de las facturas abonadas a todos los profesionales que han emitido informes geológicos, de obras y tasación de los bienes.

Este juicio se encuentra parado tras la aprobación, por parte del juzgado, de la solicitud de una nueva pericial a instancias del Ayuntamiento de Reinosa, que guarda silencio sobre este proceso.

Según explica el abogado de los demandantes, Francisco Javier Díaz Aparicio, el Consistorio busca ahora un nuevo perito, obtenido mediante insaculación. «Ambas partes tenemos nuestras periciales, incluso una de las realizadas y financiadas por el Consistorio, de forma externa, apunta a que la causa es la deficiente ejecución de los trabajos en las canalizaciones y servicios municipales». Es por eso, asegura el abogado, que buscan una nueva pericial, también independiente, «a ver si tienen un golpe de suerte y cambia algo de lo ya dicho».