Reinosa reclama más de tres millones a los ganaderos por las tasas del matadero

Cerca de un centenar de ganaderos han contratado ya los servicios del despacho de abogados Francisco Javier Díaz Aparicio ante la llegada masiva de reclamaciones de tasas por la utilización de los servicios del matadero comarcal, cerrado a cal y canto desde hace meses. De hecho, el Ayuntamiento aprobó el pasado mes de abril rescindir el contrato con la concesionaria -Nuevo Matadero de Reinosa- por los «graves incumplimientos» del contrato. En resumen, dejó deudas de 390.000 euros en Seguridad Social, más de 300.000 a la Agencia Tributaria, además de otros 94.000 en impuestos, tasas, canon anual y hasta multas de tráfico. Según el abogado que lleva el caso, el Ayuntamiento tenía constancia de todo ello desde el año 2017 sin haber ejercido ningún control, «haciendo dejación de funciones» de su obligación de controlarlo.

Ahora es el Consistorio quien reclama las tasas por utilización de los servicios de matanza a los ganaderos que la mencionada concesionaria dice no haber cobrado. Por ello, desde el pasado mes de noviembre han comenzado a emitir una especie de «liquidación provisional» a los mismos por importes muy abultados que recogen cantidades supuestamente adeudadas desde cuatro años atrás, es decir el periodo legal que les pueden reclamar.

Las liquidaciones se expiden a los ganaderos en un papel «con sello estampado» en la que solo se hacen constar la identificación del supuesto deudor, sin que se aclaren otros datos del tipo de ingreso, ni del periodo de tiempo que se reclama o, incluso, del tipo de tasa por matanza (ya que hay dos modalidades). Es decir, no se motivan al detalle los conceptos de tal liquidación ni a qué responde esa supuesta deuda que los afectados niegan haber contraído ya que todos ellos afirman que «han pagado». En este sentido, en los recursos ahora presentados ante estas liquidaciones a las que ha tenido acceso El Diario Montañés, los ganaderos también afirman que «no ha existido relación directa con el matadero por más que se hayan sacrificado animales procedentes de sus explotaciones o incluso puedan existir guías de movimiento de animales».

Al respecto, aluden a que quien llevaba los animales al matadero eran muchas veces «empresas cárnicas entradoras del bovino», que previamente habían adquirido sus vacas. «Nunca se ha solicitado por ellos la matanza, ni se le ha presentado factura alguna de cobro. Por tanto nos atrevemos a sostener que ha de existir una documentación elaborada ad hoc para este expediente, con datos mendaces (falsos)», inciden desde este despacho legal, que pide ahora la documentación que maneja el Consistorio para hacer tal reclamación. Añaden que lo hacen «antes de la presentación de las acciones criminales pertinentes», ya que no descartan posibles delitos de malversación, falsedad o prevaricación contra la hacienda pública por todo lo sucedido.

En este sentido, en el recurso de alegaciones planteado al Consistorio ya se avanza que, «de ser cierta» la documentación que el Ayuntamiento no ha aportado aún (pero que se ha solicitado) para plantear las reclamaciones, cabe deducir que la misma daría lugar a una «responsabilidad por acción u omisión de los funcionarios encargados de evitar un perjuicio a las arcas. Y de aquellos que teniendo la obligación del cobro no lo hayan hecho», subrayan.

Desde el Ayuntamiento de Reinosa, su alcalde, José Miguel Barrio (PRC), declinaba ayer hacer declaraciones o cualquier valoración sobre este asunto de las reclamaciones masivas de deuda a los ganaderos, al tratarse «de una decisión que adoptaron los servicios técnicos a raíz de un requerimiento judicial», justificando este hecho el que las liquidaciones provisionales se hayan hecho «en el breve plazo de tiempo requerido», informó a través de su servicio de comunicación.

Respecto a los recursos presentados por los afectados a las reclamaciones de liquidación provisional de deuda, afirman que, en estos momentos, se están «estudiando» los mismos y «valorando la posibilidad de suspender los plazos de cobranza a fin de que los reclamantes puedan presentar cuantas pruebas y justificaciones consideren oportunas», zanjaron.