La sentencia que paraliza los derribos de Reinosa ya es firme

Los afectados siempre han mantenido que los desperfectos en sus casas -que culminaron en un trágico desalojo de viviendas, negocios y vidas rotas en el centro de Reinosa- fueron consecuencia directa de una mala ejecución de las obras de saneamiento que se hicieron en toda la zona y en las que participó el Consistorio y el Gobierno de Cantabria, una ejecución que se prolongó durante cinco años.

Ahora, tras hacerse firme esta sentencia, la pregunta es clara: ¿Cuál será el siguiente paso? Según el abogado de una parte de los propietarios de ambos edificios, Francisco Javier Díaz Aparicio, «si los afectados siguen con fuerzas», será hacer una «reclamación patrimonial al Ayuntamiento por la inacción municipal y el estado de semirruina al que han abocado a los edificios», subraya. «A ello, se va a añadir -para el caso de no existir un previo acuerdo- la reclamación por los daños y perjuicios sufridos al tener que abandonar las viviendas y los negocios», puntualiza. Además, Díaz Aparicio lamenta que, en estos meses (desde que se hace pública la sentencia hasta que se declara firme), el Ayuntamiento no haya atendido en ninguna ocasión la petición de negociación que se lanzó por parte de los afectados. Al respecto, cabe recordar que, una vez conocido el auto judicial, el propio abogado afirmó que el fallo era «una oportunidad» y una «bola extra» para solventar una situación «dramática» para los propietarios, abordando la posibilidad incluso de recuperar los edificios.

¿Y qué va a hacer el Ayuntamiento a partir de la firmeza de la resolución judicial? La respuesta aún está en el aire, dado que el fallo solo venía a estimar «parcialmente» el recurso de los afectados respecto a la paralización del derribo. La citada resolución judicial venía a argumentar que había un defecto formal en la declaración de ruina que derivó en la orden de demolición. No obstante, el Ayuntamiento tiene la posibilidad aún de volver a armar el expediente administrativo mal hecho y regresar al punto de partida de 2018, cuando ordenó el derribo.

En este sentido, el alcalde de Reinosa, José Luis López Vielba, no adelanta ningún paso hasta esperar a conocer en profundidad la opinión de los técnicos y jurídicos municipales sobre el asunto. Respecto a las críticas del abogado de los afectados porque no se hubiese facilitado un canal de diálogo, López Vielba afirma que, hasta el momento, al Ayuntamiento solo «había llegado una petición de reunión» formal y que esta no correspondía con la de los vecinos que representa al letrado, sino a otro grupo de afectados.

Cabe recordar que tanto PSOE como Reinosa en Común, solicitaron hace semanas al Consistorio que abriese una negociación.