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El Ayuntamiento de Reinosa aseguró ayer que «todos los procedimientos que se han llevado y se llevan a cabo en el Consistorio son conformes a derecho». Esa fue la respuesta ofrecida desde el equipo de gobierno a las preguntas planteadas por El Diario ... Montañés tanto al alcalde, el regionalista José Miguel Barrio, como al concejal de Festejos, Turismo, Deportes, Personal y Nuevas Tecnologías, Daniel Santos (PRC). Este medio solicitó una valoración respecto a la adjudicación por parte del equipo de gobierno de Reinosa, desde 2018 a 2020, de varios contratos menores, por un valor total de 78.198 euros, a empresas en las que figura como administrador el hermano del concejal regionalista Daniel Santos. En concreto, según la documentación facilitada por el propio Ayuntamiento, se pagaron un total de nueve facturas, cinco de ellas firmadas por el edil de Obras Públicas y Urbanismo, Álvaro Zabalía, y otras cuatro por el concejal de Festejos, Turismo, Deportes, Personal y Nuevas Tecnologías, el propio Daniel Santos.
De este modo, tres de las empresas en las que consta como administrador David Santos, hermano del concejal regionalista -Infinia Ingeniería SL, Arquia Turismo SL e Ingeniería Sanpe SL- fueron adjudicatarias por parte del Ayuntamiento de la capital campurriana de diversos contratos menores, aquellos que no superan las cantidades máximas establecidas tanto para obras como para servicios y que se pueden adjudicar sin concurso ni publicidad, tras la apertura del correspondiente expediente.
Sobre estas cuestiones, el Partido Popular, que gobierna la ciudad en coalición con el PRC, aseguró ayer a través de su portavoz, José Luis López, que, en este momento, «lo más adecuado y sensato es esperar a que los concejales que firmaron dichas facturas puedan explicarse. Entonces será el momento de hacer valoraciones». «Con todo, mantenemos la confianza en nuestros compañeros del equipo de gobierno y pensamos que su actuación se ajusta a la legalidad. Por el momento, no tenemos más declaraciones que realizar», concluyó López.
En el caso del PSOE, su portavoz municipal, Sergio Balbontín, quiso mostrar su «máxima preocupación y alarma». «Lo primero que he hecho ha sido contactar con la portavoz de REC para registrar conjuntamente una petición de comisión informativa con este único tema en el orden del día, donde pediremos la comparecencia de todos los implicados para que se nos den las explicaciones oportunas sobre estos contratos que ascienden a casi 80.000 euros repartidos en nueve facturas, durante varios años, y su supuesta vinculación con el hermano del concejal Daniel Santos como administrador solidario de las empresas».
«Lo que tenemos claro -manifestó Balbontín- es que ante una noticia de esta gravedad y relevancia lo que la ciudadanía de Reinosa demanda y lo que es innegociable ante nuestros vecinos es dar una explicación consistente y clara sobre lo sucedido. No entramos a si este proceder ha sido legal o no, ya que no es nuestra responsabilidad como oposición, eso en su caso lo deberán dilucidar otras instancias, pero lo que sí tenemos claro es que cuando menos este tipo de procederes no son ni éticos ni moralmente aceptables».
Para Balbontín, «la ciudadanía lo que demanda por encima de todo es que los gestores públicos seamos honrados y velemos por el interés general».
Desde el otro partido con representación en el Pleno municipal, Reinosa en Común (REC), su portavoz, Victoria Callejo, anunció, tras conocer la información publicada por El Diario, que solicitarán aclaraciones al equipo de gobierno en la comisión correspondiente, así como un informe al secretario del Ayuntamiento sobre «esta nueva irregularidad contraria a la Ley 9/2017 de contratos del sector público». «En función de las explicaciones que nos ofrezcan, pediremos las correspondientes responsabilidades y, si cabe, pondremos el caso en conocimiento de la Fiscalía de Cantabria», afirmó Callejo.
También se pronunciaron en la jornada de ayer desde Izquierda Unida Campoo, partido que no cuenta esta legislatura con representación en el Ayuntamiento de Reinosa, mostrando su «preocupación» ante los hechos y exigiendo que se «aclararen las consecuencias legales, si las hubiere». Desde IU Campoo, formación que lidera Álvaro Martínez, resaltaron «la falta de ética que suponen tales acciones, y más precisamente en un Ayuntamiento económicamente tan deprimido como el de la capital campurriana».
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