Vecinos de El Quintanal de Reinosa piden al Ayuntamiento que repare ya sus edificios

Los afectados argumentan que la primera sentencia condenatoria fue dictada «hace seis meses pero el Ayuntamiento, a día de hoy, no ha llevado a cabo actuación alguna». Añaden, además, que «los desperfectos van aumentando» y reclaman que el asunto se trate en el próximo pleno, para que «se ponga fecha a la ejecución de la orden judicial».

La sentencia tiene en cuenta los informes periciales aportados por los demandantes y por el perito judicial, que apuntan a que, cuando la red de saneamiento entra en carga se producen arrastres de la capa arenosa que generan inestabilidad en los edificios. Se quejan también los demandantes de que «hace más de un año» que el Ayuntamiento no envía a los afectados los informes correspondientes a los resultados de los fisurómetros. Éstos aparatos, que fueron instalados en 2017, son una herramienta que permite medir el grueso de una grieta y que puede servir para cuantificar los movimientos que se producen en la misma en función del tiempo o de la temperatura, con el fin de conocer la situación actual y comprobar si siguen produciéndose movimientos en el terreno o la situación ya está estabilizada.

Los perjudicados advierten de que, de no ejecutarse la sentencia, instarán de nuevo el procedimiento judicial, lo que conllevaría más gasto para las arcas municipales «por los costes judiciales y por el aumento de los daños en los edificios por el paso del tiempo».

Desde el Ayuntamiento de Reinosa responden que, «se ha de concretar, porque no lo hicieron los demandantes ni lo establecen las sentencias, qué obras han de ejecutarse en orden a suprimir el origen de los daños para, finalmente, reparar los desperfectos causados en los inmuebles».

Afirman que, en cumplimiento de dichas sentencias, el Ayuntamiento ha dado inicio a su ejecución mediante la adjudicación directa a la Fundación Leonardo Torres Quevedo de un contrato de servicios al objeto de que, previo estudio de la documentación pericial unida a los procesos judiciales, determine de manera precisa qué actuaciones pueden llevarse a cabo para suprimir el origen de los daños.