Los vecinos de Reinosa afectados por los derribos reclaman la intervención judicial

Se trata de una ampliación de la solicitud de medidas cautelares que presentaron hace unas semanas consistentes en la inmediata suspensión del acuerdo de demolición que pesa sobre sus edificios.

El Ayuntamiento de Reinosa ordenó la demolición de los edificios número 34 y 36 de la avenida del Puente de Carlos III y del número 2 de la calle Torres Quevedo, así como del edificio anexo a la Casa de los Cossío. Para ello concedía a los propietarios un plazo de dos semanas, contados desde el día siguiente desde la notificación del acuerdo, que tiene como fecha de salida el pasado 2 de enero, para que presentasen en el Ayuntamiento un proyecto de demolición, plazo ya vencido, aunque se encuentra a expensas de las resoluciones judiciales. Los vecinos basan su nueva solicitud en un informe de evaluación de riesgo actual sobre los espacios públicos emitido el pasado 17 de enero por el arquitecto contratado por ellos José Alberto Martínez Velasco, en el que consta el control de los fisurómetros que se encuentran instalados en los edificios.

Varios son los argumentos que esgrime el informe del arquitecto para avalar esta solicitud. Así, considera que no es imprescindible la demolición de los edificios y que, en caso de producirse hundimiento de los mismos, sería hacia el patio interior excluyendo el riesgo de colapso hacia la vía pública. Expone, por otro lado, que «la prematura desaparición de los inmuebles alterará pruebas, conocimientos, datos y circunstancias fundamentales para determinar la causa del siniestro y dificultará en un futuro próximo el seguimiento de su evolución y las posibilidad de implantación de medidas correctoras».

Concluye finalmente que hasta que el Ayuntamiento de Reinosa no acometa las obras necesarias para que cese la causa de los movimientos de los edificios, consistente en la ejecución de un muro en terreno de dominio municipal, según otro informe presentado por el geólogo Aureliano Fernández, los propietarios no podrán ejecutar las obras de consolidación o rehabilitación de los edificios. Considera Fernández que de esta manera quedaría detenido el movimiento de los edificios.

Por su parte, Martínez Velasco considera en su documento que no concurren sobre los edificios circunstancias relevantes que adviertan de un riesgo de colapso inminente, y menos que éste pudiera afectar a la vía pública. Añade además que «los informes encargados por el Ayuntamiento no han obtenido la continuidad solicitada por sus autores, se encuentran incompletos y no son concluyentes». Añade finalmente que el Ayuntamiento «ha desistido de instalar fisurómetros para realizar el seguimiento de los movimientos de los edificios, a pesar de que así lo solicitaran sus técnicos en 2016. Sin ellos, se desconoce en base a qué datos concretos ordena la demolición de los inmuebles y especula sobre la existencia riesgos que puedan afectar a los espacios públicos».

En 2017, el Ayuntamiento declaró en ruina y ordenó el desalojo de estos edificios, que vienen sufriendo desde hace varios años daños consistentes en grietas importantes en los muros de carga y fuertes asientos y desplazamientos de los muros, de los entramados de madera y de los forjados. Los últimos vecinos en abandonarlos, lo hicieron durante el pasado verano. Son casi una veintena de familias y negocios afectados por esta situación, que en los últimos días han intensificado sus protestas por esta situación, a través de una recogida de firmas que bajo la etiqueta #vidasderribadas cuenta ya con casi 2.500 firmas y que también se está desarrollando en los comercios de la zona.

Argumentan los vecinos que está acreditado que la causa que origina el daño a los edificios se encuentra en la red de abastecimiento de la que es responsable el Ayuntamiento de Reinosa. Por otro lado, explican los graves perjuicios, tanto económicos como personales que el derrumbe comporta para los propietarios.