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Algunos de los propietarios de los edificios afectados por la declaración municipal de ruina y desalojo en la avenida del Puente de Carlos III y en la calle Torres Quevedo de Reinosa, así como de los inmuebles con daños estructurales de las calles Quintanal, La Nevera y Travesía La Nevera de Reinosa, mantuvieron este miércoles una reunión con el secretario general del PSOE de Cantabria y delegado de Gobierno, Pablo Zuloaga, y otros representantes socialistas en la sede del partido en la capital campurriana. Durante el encuentro, ambos colectivos trasladaron a los socialistas la situación actual y todo lo sucedido hasta este momento porque, según expresaban, «esta cuestión no se circunscribe sólo a nuestras casas, es algo que puede tener una gran magnitud». «Estamos cuidando nuestras casas y parece ser que por unas obras se están estropeando», lamentaban.
Por este motivo, los afectados solicitaron al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Reinosa, Sergio Balbontín, que pidiera la celebración de un pleno extraordinario en el que la Corporación municipal pudiera tratar este problema. Según explicó Zuloaga, el alcalde tiene la obligación de convocar un pleno si un tercio de los concejales lo solicita. Dado que el PSOE cuenta únicamente con dos concejales de los trece de la Corporación, necesitaría al menos el apoyo del Partido Popular, que tiene otros cuatro; ya que aunque Reinosa en Común se sumara, sería insuficiente porque esta formación cuenta sólo con un edil en el Consistorio.
Si bien, los orígenes de la situación de los inmuebles de estas dos zonas de la ciudad son diferentes, en los dos casos algunos expertos apuntan a problemas de distintas actuaciones municipales como origen. Los informes encargados por el Ayuntamiento en el caso de la avenida del Puente de Carlos III y la calle Torres Quevedo, no son concluyentes, si bien, los vecinos cuentan con un informe geológico que sitúa el origen de los daños en la presencia de la acometida general de aguas que discurre junto a la acera de la calle Torres Quevedo que se renovó entre los años 2005 y 2010. Además, añaden, que el ayuntamiento tiene informes que no les han sido facilitados. Respecto a esta situación, Zuloaga advertía de una «posible prevaricación» en el caso de que, existiendo esos informes, no les fueran entregados a los afectados.
En el caso de la zona de El Quintanal, los vecinos y los expertos contratados por ellos atribuyen los problemas a las obras de saneamiento que fueron ejecutadas en la zona en el año 2015 por la Consejería de Medio Ambiente, en colaboración con el Consistorio, y que, con un periodo de ejecución de tres meses, se alargó hasta los seis por un problema de la empresa adjudicataria del contrato. La actuación pretendía terminar con las inundaciones que en los días en que llovía copiosamente, afectaban a los bajos y locales de la zona. Para ello se sustituyó el colector que discurría por estas calles que estaba muy deteriorado. Esto supuso excavar hasta una profundidad de tres metros. En este caso, se vienen realizando pruebas para encontrar el origen de los movimientos. Explicaba ayer uno de los vecinos que en esa misma mañana, «se había hecho una nueva comprobación y los edificios se seguían moviendo».
Otras quejas que han trasmitido los vecinos en el encuentro fueron las relativas a la falta de información, «un día nos pusieron unos precintos en nuestras casas sin avisar por la mañana y los quitaron por la tarde. Otro nos encontramos a un señor haciendo agujeros para poner unos andamios», argumentaban.
Mientras tanto, unos y otros están cursando distintas reclamaciones patrimoniales. Los vecinos de la zona de La Nevera afirman que los daños en sus casas continúan aumentando. Mientras, los de la avenida del Puente de Carlos III y la calle Torres Quevedo, desalojados desde hace meses, intentan luchar contra la orden de derribo. Por ello han apelado la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander, que desestimó el recurso presentado por algunos de los vecinos de los inmuebles con daños estructurales situados en el centro de Reinosa, concretamente en la avenida del Puente de Carlos III y en la calle Torres Quevedo, en el que solicitaban la adopción de medidas cautelares urgentes consistentes en la inmediata suspensión del acuerdo de demolición del Ayuntamiento de la ciudad.
Considera el juez que la declaración de ruina es firme y por lo tanto ha de ejecutarse. Tres eran los argumentos principales de los afectados en el recurso que presentaron a principios del mes de enero contra el acuerdo de demolición notificado por el Ayuntamiento: la posibilidad de revertir los daños, la falta de firmeza del decreto de ruina del edificio de la calle Torres Quevedo y la ausencia de peligro para terceros.
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