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Los vecinos de las calles Quintanal, La Nevera y Travesía de La Nevera se han cansado de esperar la respuesta del Ayuntamiento de Reinosa a los daños ya juzgados y sentenciados que presentan sus viviendas y han puesto en marcha una recogida de firmas para ... exigir al equipo de gobierno (PRC-PP) que «cumpla, con la mayor celeridad, las resoluciones judiciales en las que se le condena a reparar los desperfectos en las viviendas y a solucionar el origen de los mismos».
En el escrito remitido al Consistorio, en el que recuerdan que todos los daños que siguen sufriendo sus casas están originados en las obras de saneamiento «mal ejecutadas» por parte del Ayuntamiento (2014-2015), critican la «inacción» del equipo de gobierno.
Los vecinos lamentan que un año después de la primera sentencia aún no se haya llevado a efecto ninguna actuación, con la excusa, explican, «de no saber las causas ni su solución». Para los afectados, esta justificación es «vergonzosa», al constar en el propio registro municipal el expediente completo de todas las acciones judiciales y extrajudiciales celebradas, donde figuran las peritaciones realizadas por los técnicos nombrados por los correspondientes juzgados y en las que se establecen como prioridades la canalización de todas las aguas de las calles afectadas y colindantes, la reparación si es posible de la actual red de saneamiento o la ejecución de una nueva red, el recalce de las cimentaciones en todos los edificios afectados, trabajo imprescindible para evitar el movimiento continuo y permanente de las viviendas y, por último, la reparación de los daños existentes en las viviendas y en las zonas comunes de las diferentes edificaciones.
Del mismo modo, los vecinos cuestionan el informe encargado recientemente a la Universidad de Cantabria. Según explican los afectados, «este estudio va a suponer un desembolso de dinero público superior a los 7.000 euros con el objetivo de establecer unas causas y soluciones que ya constan en los informes técnicos realizados por los peritos judiciales». «Es deducible que el equipo de gobierno lo único que intenta es demorar las soluciones a tomar y que el problema lo asuma otro», aseguran.
Desde el equipo de gobierno, el alcalde, José Miguel Barrio, ha insistido en que la «complejidad de este asunto está por encima de opiniones personales o valoraciones políticas exentas de rigor, ya que lo que realmente requiere es una solución técnica adecuada», «La intención de este Ayuntamiento siempre ha sido colaborar con los vecinos», ha añadido.
Barrio, que rechaza que exista «inacción municipal», afirma que «las mediciones efectuadas por los fisurómetros y los informes emitidos por los técnicos no indican que haya que tomar ninguna medida adicional por el momento». «Las nuevas inspecciones encargadas a la UC permitirán dilucidar qué pasos dar, tal y como dictan la lógica y la razón, pues en las sentencias no se establece qué se debe hacer», ha afirmado,
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