Las viviendas de Reinosa con orden de derribo, a la espera de resolución judicial

El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº2 de Santander, Luis Acayro Sánchez –suspendido provisionalmente de sus funciones por un presunto delito de prevaricación judicial– es quien debía dictar sentencia del caso que ocupa la reclamación patrimonial de las viviendas y locales comerciales de Torres Quevedo y Puente Carlos III. De hecho, la vista ya se celebró en septiembre de 2021, por lo que el asunto debería estar resuelto sino fuese por la situación actual que afecta al magistrado. En este sentido, en la comisión informativa, el alcalde trasladó a los presentes que el abogado municipal en la causa estaba «intentando que se resolviese ya» de alguna manera.

Es lo mismo que esperan del caso la veintena de familias afectadas en esos bloques –no solo las de los números que han denunciado (el 2 de Torres Quevedo y el 34 de Puente Carlos III)– ya que del veredicto que se haga dependerá el futuro de todos los portales de los dos edificios declarados en ruina en el año 2017. Al hilo de la reunión municipal celebrada, algunos de los afectados manifestaban su impaciencia porque se resuelva también pronto el tema y acabar así con la pesadilla que están viviendo. «Ha sido un proceso muy largo y estamos a la expectativa de lo que pueda pasar, a algunos nos ha partido la vida ya que ha sido mucho sufrimiento y esperamos que pronto haya una resolución», explicaba a preguntas de El Diario Montañés uno de los propietarios afectados por el proceso y que forma parte de la denuncia patrimonial que está paralizada.

Los edificios de estas dos calles que están en la denuncia defienden firmemente que la aparición de grietas e inclinación de los inmuebles hasta su declaración de ruina coincide con la ejecución de las obras generales de la acometida general de aguas en la zona. Unos trabajos por encargo municipal que se ejecutaron entre los años 2005 y 2010. De hecho, presentaron un informe que encargaron a un técnico externo (un geólogo) que apuntaba a que esos trabajos eran el origen de los daños en los edificios.

Parte de esos propietarios recurrieron los actos administrativos del Consistorio en cuanto a la declaración de ruina, el desalojo y la demolición, pero perdieron en primera instancia, aunque los vecinos siguen recurriendo y el asunto ha llegado ya al Tribunal Supremo. El otro procedimiento pendiente de los mismos afectados es el de la reclamación patrimonial que sigue en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander.

Mientras se esperan las resoluciones judiciales, la calle principal de Reinosa sigue siendo testigo del descontento de los afectados con el Ayuntamiento. Por ello, de los balcones y ventanas cuelgan pancartas de protesta.