La acusada del crimen de Castro denuncia que el juez le ha «desposeído de su casa»

Según ha podido saber este periódico, el letrado de Merino ha denunciado que el Juzgado ha desposeído a su cliente, «sin motivo alguno», de su domicilio y todas sus pertenencias, entregando las llaves del inmueble a los hijos del fallecido.

Ante estos hechos, el abogado de la sospechosa de asesinar a su pareja ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción Número 3 de Castro Urdiales en el que solicita la rectificación del «error» cometido por el juez «en la indebida puesta a disposición del inmueble a personas sin título ni autorización» y que proceda a la puesta a disposición de la vivienda a la investigada en su condición de titular del domicilio y residente moradora hasta su ingreso en prisión provisional. Asimismo, requiere que se le comunique a una hija de Jesús Mari la prohibición de entrada en el domicilio y la entrega en el Juzgado de las llaves del inmueble, «con los apercibimientos legales oportunos, puesto que la entrada en el inmueble puede constituir un delito de allanamiento de morada y/o un delito contra la administración de Justicia».

En el escrito presentado ante el Juzgado, la defensa de Merino señala que por providencia de 14 de julio se procedió al desprecinto del domicilio en el que convivía la pareja, indicándose en dicha resolución que se encontraban a disposición de los interesados tres juegos de llaves que se encontraban depositados en los Juzgados. «En reiterados escritos, ya habíamos solicitado de forma previa el alzamiento del precinto de la vivienda (el primero el 26 de diciembre), en base a la necesidad de recoger ropa y demás enseres personales de mi representada». El problema ha surgido cuando el pasado 11 de septiembre, la hermana de Carmen Merino, de acuerdo con una comunicación realizada al Juzgado, se ha personado en el domicilio para recoger enseres personales, ropa y demás cosas de la investigada, así como comprobar y revisar el estado de la vivienda, «y cual ha sido su sorpresa al encontrarse con que la cerradura del domicilio había sido cambiada, sin saber por parte de quien».

Ante este hecho, el letrado de Merino se dirigió al Juzgado para saber a quién se había hecho entrega de las llaves, a lo que le respondieron que a una de las hijas de Jesús Mari, a quien también se le entregaron dos juegos de llaves de su vehículo. «Hechos que esta parte desconocía hasta la fecha». Para la defensa de la investigada esto supone «una vulneración de todos los derechos de su representada y de forma directísima de su derecho a la inviolabilidad de su domicilio». «Debemos recordar que a día de hoy consta empadronada y sigue siendo su domicilio legal y oficial a todos los efectos».

Asimismo, el abogado de Merino indica que la hija de Jesús Mari «no ostenta condición, a día de hoy, de titular o de cualquier derecho de uso alguno sobre el inmueble, pudiendo constituir su actuación unos hechos delictivos». «No ha existido en ningún caso autorización de mi representada como titular del domicilio ni resolución judicial que autorice el cambio de cerradura ni en su caso la entrada al mismo de haberse producido».

A todo esto, la defensa de la investigada suma el hecho de que, en caso de haber accedido a la vivienda, el domicilio estaría «contaminado» si quisiera proponer la práctica de alguna diligencia relacionada con el análisis de algún mueble o enser de la vivienda que no haya realizado la Policía Científica hasta ahora.

Tras varios meses de investigación y cuando la instrucción entraba en su recta final, el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Castro Urdiales desde julio de 2018, Guillermo Martínez, ha logrado el ascenso a la categoría de magistrado y se ha trasladado al Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo, según el anuncio publicado el pasado 8 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial convocó el concurso entre miembros de la Carrera Judicial para ocupar la vacante que deja este juez.

A la espera de que se resuelva dicho concurso, la jueza María José de Arriba es la encargada de asumir este caso. De momento sigue abierto el plazo dado a las partes para que propongan la práctica de nuevas diligencias de investigación.