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T. P.
Santander
Lunes, 13 de febrero 2023
Un hombre agredió a personal sanitario en un centro de salud de Castro Urdiales en enero de 2021. La Guardia Civil intervino, le localizó en plena vía pública y lo detuvo. Ahora, dos años después, ha sido condenado, por lo que el instituto armado ha procedido, además, a revocar las licencias de armas de caza que poseía. Y lo ha hecho en virtud a los dos delitos por los que ha sido penado: uno por atentar contra la autoridad –la agresión a los profesionales de la salud– y otro por daños materiales, ya que en el altercado dañó parte del instrumental sanitario.
La Guardia Civil quiere recordar con este caso que las agresiones contra médicos, enfermeras, celadores o cualquier profesional sanitario están consideradas «como atentado contra agente de la autoridad, circunstancia que puede acarrear penas de prisión».
La Consejería de Sanidad está preocupada por el elevado número de altercados. El año pasado registraron 252, de los que 19 llegaron a la vía judicial. De hecho, el departamento que dirige Raúl Pesquera notificó siete multas de 3.000 euros cada una por increpar, amenazar o intimidar a estos profesionales en el ejercicio de su trabajo.
Aunque apenas representan el 3% del total, sí son, en cambio, las primeras sanciones impuestas por la Consejería. «Dos ya han sido abonadas, mientras las otras cinco están pendientes de pagar», relataron a este periódico fuentes de Sanidad. La imposición de esta multa se produce en virtud de la aplicación de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria 7/2002.
El asunto de la seguridad fue uno de los temas tratados entre los sindicatos médicos y la Consejería de Sanidad en la pasada huelga de Atención Primaria. Así, una de las medidas consensuadas fue poner seguridad privada en los lugares más conflictivos de la región. Ya disponen de este refuerzo los centros de salud Los Castros –donde se produjo en mayo pasado la paliza a un médico que perdió parte de la visión de un ojo por las lesiones–, El Alisal y El Sardinero, en Santander; Covadonga, en Torrelavega; y Cotolino, en Castro Urdiales.
Ahora está pendiente la instalación de cámaras de seguridad en todos los centros de salud, Servicios de Urgencias (SUAP) y consultorios médicos de la Comunidad. El contrato aún no se ha adjudicado y, de momento, sólo funciona la cámara piloto.
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